MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
UGT Servicios Públicos pidió este lunes al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que convoque una nueva mesa de negociación para abordar, entre otras cuestiones, la subida salarial de los trabajadores públicos, que contenga una base fija y otra variable, como ya se hizo en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI.
Ese acuerdo se firmó en 2022 para el trienio 2022-2024, por lo que expiró a finales del ejercicio pasado y los trabajadores públicos llevan desde el 1 de enero de este año sin saber “cuáles son sus retribuciones”, como comentó la secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque.
UGT Servicios Públicos evitó dar cifras concretas de subidas salariales para el personal público, pero reclamará a Función Pública “incrementos por encima del IPC real, que supongan ganar y recuperar poder adquisitivo”.
Araque recordó que el Acuerdo de 2022 se firmó en un contexto de crisis inflacionaria, cuando los precios sobrepasaron el 10%, por lo que el objetivo entonces fue amortiguar ese impacto en los salarios de los funcionarios. Sin embargo, esta vez reclaman incrementos “en coherencia con la situación económica” que tiene España en la actualidad.
Aunque en el sindicato no dieron cifras concretas, Araque abogó por volver a repetir la “fórmula de base fija y variable”, que ha dado “seguridad y certeza económica” a los empleados públicos. El Acuerdo de 2022 estableció una subida anual para cada ejercicio del trienio, por tanto, una base fija, a la que se añadieron incrementos variables en función de objetivos de PIB e IPC.
Esa parte variable funciona como una “cláusula de revisión” y a juicio de Araque resulta una pieza “clave y fundamental”, ya que es la que garantiza que no se pierda poder adquisitivo y que amortigua posibles impactos económicos.
El responsable del Gabinete Técnico Federal, Paco Casado, añadió que los trabajadores públicos quieren ser “corresponsables” en la participación económica del país, que será uno de los que más crezca en la Unión Europea. “Queremos que los beneficios caigan también en el bolsillo de los empleados públicos de este país”, agregó.
MEDIO PUNTO DE SUBIDA PENDIENTE
Los empleados públicos españoles todavía no han cobrado el incremento del 0,5% adicional correspondiente al cumplimiento de que la variación acumulada del IPC armonizado superase el incremento retributivo fijo del periodo 2022-2024. Como el primer dato fue del 14,6% y el segundo del 8%, el requisito se cumplió.
Sin embargo, a mediados de marzo, los trabajadores del sector público aún no se han beneficiado de ese aumento. UGT Servicios Públicos insistió en que ese incremento, que calculan en 700 millones de euros está reconocido y consignado, por lo que “no hay excusas por parte del Consejo de Ministros para no llevarlo a cabo”. Además, UGT Servicios Públicos ha instado al Ministerio de Hacienda y a Función Pública a hacerlo.
Casado recordó que ese incremento salarial del 0,5% es “consolidable y no absorbible”, lo que implica que se consolidará en las bases retributivas de los trabajadores públicos para las subidas posteriores.
BOLSAS DE APROBADOS SIN PLAZA
UGT Servicios Públicos ve difícil de cumplir el objetivo de temporalidad del 8% en la Función Pública que se marcó el Gobierno, aunque matizaron que depende de las administraciones, y algunas ya están por debajo de esa cifra.
Además, matizaron entre la temporalidad coyuntural, por abuso de la temporalidad, con la que se quiso acabar con el acuerdo de estabilización, y la estructural que arrastra la Administración en el ámbito sanitario, educativo y de servicios sociales.
Para solucionar este problema, UGT Servicios Públicos propuso una modificación del EBEP “con respecto a cómo y qué cantidad de tiempo se puede nombrar a ese personal interino”. En este sentido, el sindicato también vio necesario una identificación de las personas que cometan contratación irregular de personal y sanciones para ello.
Por otro lado, para evitar la temporalidad, también apuntaron a las bolsas de aprobados sin plaza como una posible solución.
“Si hay personal que está cualificado y que están aprobados en esas ofertas públicas de empleo, aunque por cómputo total de puntos con los méritos no han podido quedarse con la plaza. ¿Por qué hay que hacer otra convocatoria de oposiciones cuando tengo una lista de personas que está cualificada para ello?”, planteó Araque.
Además, desde el sindicato defendieron que no pasen más de 18 meses entre que se convoca la oposición y el trabajador está incorporado a su puesto de trabajo.
Casado incidió en la necesidad de “agilizar los mecanismos de selección”, que ahora se extiende a un precio medio de tres años, y adaptarlos “a la realidad educativa y formativa” que tienen los jóvenes.
“Tenemos personas muy cualificadas en este país y tiene que ser un atractivo ser servidor público. Si se facilitan los procesos, se acortan los plazos o se tienen en cuenta procesos que no sean memorísticos, se va a facilitar de verdad la entrada en la Función Pública”, recalcó Araque.
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