Plantea que los procesos selectivos duren como tope 18 meses desde que sale la plaza hasta que se cubre, la mitad de la media actual (36 meses)
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha instado este lunes al Ministerio de Función Pública a abrir ya una mesa de negociación con los sindicatos para buscar un nuevo acuerdo marco para los empleados de las administraciones públicas, de carácter plurianual, que incluya, entre otras medidas, una subida salarial “por encima del IPC real” para ganar y recuperar poder adquisitivo.
En rueda de prensa para hacer balance del primer acuerdo marco que firmaron UGT y CCOO con el Gobierno y de sus propuestas de cara a un nuevo pacto, Araque no ha facilitado ninguna horquilla salarial, pero sí ha abogado por repetir una fórmula similar a la del anterior acuerdo, que contemplaba una subida salarial fija y otra variable, ligada a elementos como el IPC armonizado o la evolución del PIB.
Lo que sí quiere UGT es que, teniendo en cuenta que la economía española va a ser una de las más crezca en el próximo periodo, esto tenga su traslación al bolsillo de los empleados públicos.
El sistema retributivo de parte fija y variable empleado en el primer acuerdo marco ha permitido elevar los sueldos de los funcionarios en el periodo 2022-2024 en torno a un 10% (cuando se firmó la inflación estaba en un 10%), lo que ha implicado un gasto cercano a los 13.000 millones de euros.
No obstante, queda pendiente de ejecutar una subida adicional y consolidable del 0,5% del año 2024, por lo que Araque ha emplazado al Gobierno a hacerla efectiva de inmediato. Su coste, ha dicho, rondará los 700 millones de euros. De no hacerse efectivo este incremento adicional comprometido, UGT emprenderá las acciones que estime oportunas, según ha advertido Araque.
En general, la responsable sindical ha hecho un balance positivo del acuerdo marco 2022-2024, pese a quedar cosas pendientes, al tiempo que ha advertido de que ya se va con retraso para empezar a negociar un nuevo acuerdo, al que le gustaría que se sumaran los principales sindicatos de la Función Pública (CSIF se descolgó de dicho acuerdo) para que la fuerza de lo pactado fuera mayor. Pero, para ello, primero deben ser convocados por el Gobierno, cosa que no ha sucedido y que Araque pide que se haga con celeridad.
“Estamos casi en abril. En una situación política normal, en septiembre del año 24 se tenía que haber empezado a hablar de un segundo acuerdo para los más de tres millones y medio de empleados públicos que tenemos hoy por hoy en España (…) Hacemos un llamamiento al Gobierno y al Ministerio de Función Pública para que convoque esa mesa de negociación para dar seguridad, certeza, certidumbre, viabilidad, calidad en las relaciones laborales a las empleados públicos”, ha subrayado Araque.
AGILIZAR LOS PROCESOS SELECTIVOS A UN MÁXIMO DE 18 MESES
Además de la mejora retributiva, la responsable sindical ha apuntado que ese segundo acuerdo marco tiene que pivotar sobre la creación de más empleo, más derechos, y la rebaja de la temporalidad en el sector público.
En este sentido, ha defendido la eliminación de la tasa de reposición de vacantes, porque “es el peor de los tapones que tiene la administración para poder crecer y dar un servicio público de calidad a los ciudadanos”.
Y pese a estar vigente esa tasa de reposición –aunque en algunos casos más flexible de lo normal–, durante la vigencia del acuerdo se crearon más de 370.000 plazas de empleo público, lo que se vio completado con más de 500.000 plazas estabilizadas en las AAPP. “En tres años, en este país se han estabilizado y se han creado 870.000 puertos de trabajo en la propia administración pública”, ha destacado Araque.
Junto a la supresión de la tasa de reposición, UGT quiere ofertas públicas de empleo y planes de ordenación de recursos humanos plurianuales, que tengan en cuenta el envejecimiento de la plantilla (la media es de 53 años) y las necesidades de los ciudadanos, al tiempo que aboga por agilizar los procesos selectivos a un máximo de 18 meses desde que se ofertan las plazas hasta que se ocupan, pues actualmente la media está en unos 36 meses. Acortar este plazo a un año y medio “motivaría e incentivaría” a ser parte de las distintas administraciones públicas, destaca el sindicato.
Eso ayudaría además, ha explicado Araque, a reducir la temporalidad en el sector público. En este punto, UGT descarta que se vaya a cumplir el objetivo comprometido de recortar la tasa de temporalidad al 8% y reclamará en el segundo acuerdo marco a negociar un mayor desarrollo en las medidas para el control de la temporalidad en el empleo público, incluyendo la puesta en marcha de sanciones.
“Hay una temporalidad estructural que nunca se podrá eliminar, porque es imprevisible, como en cualquier otro sector privado. Pero los gestores, y quienes tienen la responsabilidad política de gestionar los recursos humanos y el volumen de empleo que se crea en las Administraciones Públicas, tienen que saber cuáles son sus responsabilidades y cuáles van a ser sus sanciones. Si aquí no se tienen responsabilidades, difícilmente podremos evitar que se vuelva a repetir la bolsa de temporalidad”, ha apuntado Araque.
Asimismo, UGT considera que las bolsas de aprobados sin plaza pueden ser fundamentales para reducir la temporalidad. “Si se hace una oferta pública de empleo y hay personal que ha demostrado que está cualificado y que está aprobado, aunque por el conjunto total de puntos no han podido quedarse con la plaza, ¿por qué volver a hacer otra convocatoria de oposición cuando hay una lista y una bolsa de personal que está cualificado para ello?”, ha explicado el sindicato.
Araque ha insistido además en que “la certidumbre que necesitan los empleados públicos está por encima de cualquier inestabilidad política en las Cámaras”, por lo que ha instado a convalidar los distintos proyectos legislativos aún pendientes.
“Esa es la responsabilidad que tienen que asumir. Y la asumieron cuando juraron o prometieron el cargo los que hoy nos representan como diputados y senadores. Por tanto, que saquen a los empleados públicos de sus cuitas y de las injerencias políticas que tengan”, ha apuntado.
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