MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
La secretaria de Política Sindical de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, destacó este miércoles la necesidad de reducir la temporalidad de las plantillas de las empresas privadas que gestionan servicios públicos hasta un máximo del 8%, así como que los salarios crezcan más allá del 10% entre 2023 y 2025.
Araque se manifestó de este modo durante la presentación de la nueva guía ‘V Acuerdo para el Empleo y la Negociación colectiva (AENC)’, que recoge recomendaciones para que se pueda llevar a la práctica a los servicios públicos de gestión privada el pacto al que sindicatos y patronal llegaron el pasado mes de mayo de cara a la negociación de convenios colectivos.
La representante sindical destacó que en los servicios públicos de gestión privada trabajan unas 2.492.000 personas, para las que dijo que se deben mejorar sus derechos laborales y sus salarios cumpliendo el AENC, del que comentó que es “un buen acuerdo”, aunque animó a las mesas negociadoras a intentar ir “más allá”.
Como aspectos concretos, Araque señaló que se debe establecer “límites en la contratación temporal en beneficio de la contratación indefinida”. A su juicio, “el dígito de referencia no debería superar el 8%, acorde con lo que se ha establecido para las administraciones públicas” en los planes gubernamentales para reducir la temporalidad de los empleados públicos.
Asimismo, detalló que en la guía se aconseja a los representantes sindicales que se “nieguen a firmar” contrataciones a tiempo parcial de tipo fijo discontinuo, porque “puede provocar un foco de inestabilidad en el empleo en este país”.
En este sentido, pidió que se “use el contrato a tiempo parcial como una cuestión residual” y sostuvo que “se tiene que justificar muy mucho, teniendo especial vigilancia en cómo se regula y articula todo lo que son las horas complementarias” de estos contratos .
SALARIOS
En relación con los salarios, Araque recordó que el último acuerdo general de convenios firmado en mayo incluye una recomendación mínima de que los salarios crezca un 4% este año y un 3% tanto en 2024 como en 2025. Al hilo, defendió que es “un acuerdo de mínimos” y subrayó que “se puede y se debe ir más allá”.
La responsable sindical también destacó la necesidad de que se apueste por la jubilación parcial como forma de favorecer el relevo generacional y el “rejuvenecimiento” de las plantillas, así como que se intenten introducir en los convenios diferentes tipos de cláusulas de revisión salarial para asegurar el poder adquisitivo de los trabajadores.
De igual manera, sostuvo que “los convenios ni pueden ni deben sustituir” a los planes de igualdad y los protocolos de lucha contra el acoso. También puso de relieve la importancia de “prestar atención” a la protección de la salud y la seguridad en el trabajo, así como la adaptación de funciones en casos de discapacidad sobrevenida de los empleados.
MAYOR ESTABILIDAD
Por su parte, paco Casado, técnico confederal del sindicato, resaltó que con la reforma laboral los contratos indefinidos han pasado del 10% al 40% y puso en valor la reducción de la temporalidad entre los trabajadores jóvenes de los servicios públicos de gestión privada.
Además, destacó la relevancia que, en su opinión, tiene el hecho de que se hayan dejado de usar contratos como el de obra y servicio para emplearse otros como el fijo discontinuo, ya que da más certidumbre a empleados y empresas que están sometidos a cuestiones estacionales.
Igualmente, Casado afirmó que los ERE se han reducido sensiblemente mientras los ERTE han reforzado su peso, lo que también frena la destrucción de empleo en casos de dificultad económica general o de una empresa.
CONTRATACIÓN PÚBLICA
Otra de las cuestiones que este técnico puso sobre la mesa fue la necesidad de reformar la ley de contratos del sector público, dado que ahora las administraciones no revisan el coste de las licitaciones con las subidas salariales de los trabajadores de las contratas, lo que “limita mucho” el poder de negociación de los sindicatos ante las compañías.
De hecho, indicó que el pasado año la contratación pública ascendió a 70.000 millones de euros, un 11,5% del producto interior bruto (PIB). Pese a este volumen, la cifra en licitaciones alcanzó los 100.000 millones de euros, por lo que el 30% del monto quedó desierto.
A su criterio, en ocasiones las condiciones de las licitaciones son “poco atractivas” para las empresas y señaló que hay margen para mejorar esas condiciones ofertadas.
Finalmente, Paco Casado instó a reforzar la seguridad laboral y a mejorar la “humanización” de los algoritmos, cada vez más utilizados en la gestión y selección de personal en las empresas.
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