USO critica el modo de contabilizar el desempleo y cifra en 3,9 millones las personas que no trabajan, 1,3 millones más que la cifra oficial
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha defendido que el salario mínimo interprofesional (SMI) sea estatal y ha apoyado que tribute en el IRPF, pero solo cuando esta renta mínima represente realmente el 60% del salario medio, lo que supondría que hubiera subido hasta los 1.390 euros, frente a los 1.184 euros en 14 pagas en los que se ha situado tras la última subida aprobada por el Gobierno.
Luján ha explicado esta brecha por la estadística que se utiliza para calcular el salario medio y, a partir de ahí, calcular el alza del SMI para cada año. En este sentido, el sindicalista ha defendido la necesidad de usar la estadística de salarios de Eurtostat, que situaría esta sueldo mínimo en 1.390 euros, y no las que se utilizan actualmente.
Así lo ha trasladado durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo y Economía Social en el Senado este lunes para informar sobre la situación actual del mercado laboral en España y la calidad en el empleo.
Luján ha mantenido que, auque el SMI ha subido “mucho”, sigue sin estar en el 60% del salario medio nacional que recomienda la Carta Social Europea, por lo que no es el momento para que esta renta mínima tribute en el IRPF, tal y como ocurrirá después de que Hacienda decidiera no dejar exenta esta última alza del salario mínimo.
“No hemos alcanzado el 60%, no ahora, porque (el SMI) aún no permite vivir con los estándares de dignidad que nos exigen la Carta Social Europea”, ha reiterado Luján, a la vez que ha vuelto a pedir a la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, que convoque una reunión para diseñar una política del IRPF, porque se penaliza “excesivamente” el tramo de los salarios a partir de los que se comienza a tributar.
Además, ha indicado que el SMI debe ser estatal, porque el salario mínimo es una red de “apoyo” para las comunidades con una “peor situación” y porque determinadas prestaciones están referidas al SMI y no tendría sentido que fueran distintas por comunidades.
ABOGA POR MEJORAR EL SALARIO MÍNIMO POR CONVENIO
No obstante, Luján ha defendido que cada comunidad autónoma pueda pactar con la patronal acuerdos interprofesionales autonómicos que fijen un salario mínimo por convenio que mejore el SMI estatal.
En relación a la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas, el sindicalista ha defendido que es el momento de reducir el tiempo de trabajo, tras 40 años desde la última rebaja de jornada, y que se debe hacer por ley, porque si no se perpetuarían las situaciones de “desigualdad”.
Luján ha negado que la rebaja de jornada vaya a afectar a ciertos sectores, ya que al menos una provincia en España tiene la jornada en 37,5 horas por convenio en alguno de los cinco sectores donde más podría afectar — limpieza, comercio, hostelería, campo y peluquerías — y ha defendido que se acompañe a las pymes y se valore un régimen transitorio para las pequeñas empresas que rebajen la jornada.
170.000 PERSONAS TRABAJAN SIN COBRAR NI COTIZAR POR LAS HORAS ‘EXTRA’
Por su lado, el secretario general de la Unión Sindical Obrera (USO), Joaquín Pérez Da Silva, ha avisado de que hay 170.000 “esclavos” que trabajan sin cobrar ni cotizar por las 6,5 millones de horas extraordinarias semanales que se hacen en España y que no se cotizan, ni pagan, ni compensan con descansos.
Además, ha subrayado que estas horas ‘extras’ no reconocidas suponen 3.300 millones de euros defraudados en términos de salario bruto y cotizaciones sociales.
Por ello, ha pedido actuar para no continuar con esta dinámica y ha recalcado que el anteproyecto de ley para rebajar la jornada laboral hasta las 3,75 horas, que contempla una mejora del registro horario, es una oportunidad para “combatir esta circunstancia”.
Durante su exposición, el secretario general de USO también ha pedido presentar como parado a todo aquel que demanda empleo y no tiene ocupación, y ha asegurado que si de la tabla general del total de personas que se inscriben en el SEPE demandando empleo se resta aquellas que están ocupadas, habría un total de 3.927.000 personas sin trabajo, 1.366.000 personas más que las que se indican oficialmente como parados registrados puros.
“Desde USO no vemos el problema en presentar como parado a todo aquel que demanda empleo y no tiene ocupación, pudiendo luego detallarse entre los que están en formación, los que están de fijos discontinuos inactivos, los que están en ERTE, etc. En la EPA no se consideran parados aquellos que tienen la consideración de inactivos”, ha indicado.
Para USO, aunque los datos del mercado laboral muestran que hay más personas trabajando, lo están haciendo menos horas, ya que la duración media de todos los contratos ha caído de los 53,6 días de media en 2021 a los 45,26 días de media en 2024. “Dos de cada cinco contratos temporales duran menos de una semana y si se miran los datos de altas y bajas, de lunes a viernes, son indecentes”, ha añadido Pérez.
En relación a los parados, ha señalado que el 46% de los parados registrados llevan más de 12 meses en esta situación y uno de cada tres lleva más de un año, con las mujeres como el colectivo que no solo sufre más desempleo, sino más desempleo de larga duración. Además, las jornadas parciales han aumentado un 11% desde 2021, hasta los 3 millones, siendo el 75% de las personas con este tipo de jornada mujeres.
Pérez ha puesto el foco también en las bajas y los despidos afirmando que las bajas voluntarias se han incrementado en un 158% desde 2019; los despidos disciplinarios en un 145%; por no superar el periodo de prueba, en un 656%; los despidos por causas objetivas han subido un 186% y las bajas por pasar a la reactividad de los fijos discontinuos en un 490%.
“No es que la gente se porte peor que antes de la reforma laboral y entonces haya más despidos disciplinarios, sino que se utilizan determinadas medidas para despedir a trabajadores con contratos supuestamente indefinidos”, ha asegurado.
Además, ha indicado que en 2024 se registraron más de 700.000 altas de prestación por desempleo por despido, la cifra más alta desde el año 2012.
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