El mandatario, criticado por su deriva autoritaria, se enfrenta a sólo dos candidatos, entre ellos uno recientemente encarcelado
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
La población de Túnez está llamada este domingo a las urnas para unas presidenciales que serán las terceras desde la caída del régimen de Zine el Abidine ben Alí durante la ‘Primavera Árabe’ y que llegan en medio de denuncias sobre la deriva autoritaria del actual mandatario, Kais Saied, quien aspira a la reelección frente a otros dos rivales, uno de los cuales ha sido recientemente encarcelado.
Saied, quien en los comicios de 2019 se impuso en la segunda vuelta con el 72,7 por ciento de los votos –frente al 27,3 recabado por el magnate Nabil Karui, quien permaneció encarcelado la mayor parte de la campaña electoral–, ha encabezado desde 2021 una campaña de creciente represión que ha limitado el espacio cívico, lo que pone en duda la representatividad de los comicios.
El país, considerado como uno de los pocos ejemplos de éxito democrático tras el estallido de la ‘Primavera Árabe’, ha sufrido durante el último lustro un retroceso en derechos y libertades que ha sido achacado al presidente, lo que ha llevado a sus críticos a trazar paralelismos entre él y Ben Alí, quien gobernó el país de 1987 a 2011.
Así, Saied dio un golpe institucional en mayo de 2021, cuando anunció el cese del Gobierno y la suspensión de la Constitución en medio de una nueva oleada de protestas contra la corrupción, la crisis económica y la parálisis política, lo que le permitió gobernar por decreto a pesar de las críticas sobre que sus acciones estarían implicando violaciones de la Constitución.
La medida fue respaldada por algunos sectores, especialmente críticos con las acciones del partido islamista moderado Ennahda, mayoritario en el Parlamento, dado que se consideró que las acciones de Saied estaban en parte justificadas y destinadas a sacar al país del estancamiento, si bien desde entonces no se han registrado avances significativos en los principales problemas.
Saied impulsó además una nueva Constitución tras un referéndum, marcado por la baja participación, que incrementó aún sus poderes, dejándole al frente de casi todas las decisiones tras la disolución definitiva del Parlamento –sustituido en 2023 por un nuevo organismo liderado por personas alineadas con sus políticas tras las legislativas de ese año– y el nombramiento de gobiernos afines.
LOS TRES CANDIDATOS
En esta ocasión, el presidente concurre como gran favorito debido a que sólo se enfrenta a dos rivales de escaso peso a raíz de la eliminación de las otras catorce candidaturas por parte de la Alta Autoridad Independiente para las Elecciones (ISIE), el organismo que ejerce las funciones de comisión electoral, ahora también acusada de estar bajo la influencia de Saied.
Los rivales de Saied son Zuhair Magzhaui, líder del Movimiento del Pueblo (Echaab) –que encabeza desde 2013 a raíz del asesinato del entonces jefe del partido, Mohamed Brahmi, uno de los principales referentes de la izquierda tunecina–, y Ayachi Zamel, líder del partido liberal Azimun, encarcelado durante la campaña electoral.
Magzhaui, una figura muy crítica con Ennahda, es uno de los políticos que respaldaron la decisión de Saied de arrogarse todas las competencias en 2021 y es considerado por parte de la población como un ‘hombre de paja’ que concurre para dar la sensación de que hay más alternativas al mandatario.
Por su parte, Zamel fue detenido horas antes de que la ISIE anunciara que aceptaba su candidatura y, desde entonces, ha sido condenado en varios casos por supuesta falsedad documental relacionadas con las firmas de los respaldos necesarios para presentarse a las elecciones, con lo que concurrirá finalmente desde prisión.
La oposición, aglutinada en el Frente de Salvación Nacional (FSN) –integrado por decenas de organizaciones, entre ellas Ennahda, principal foco de la campaña de represión, incluida la detención de su líder, Rached Ghanuchi, condenado por “ensalzar el terrorismo” e “incitación al odio”– no ha hecho en esta ocasión un llamamiento al boicot.
La situación política ha puesto además en el foco a la ISIE, tanto por su decisión de eliminar a la mayoría de los candidatos –ya muchos menos de los cerca de cien que anunciaron su intención de presentarse– como por ignorar un fallo judicial que ordenaba que tres de los excluidos fueran incluidos en las papeletas tras un recurso judicial.
OBSTÁCULOS ADMINISTRATIVOS Y REPRESIÓN
El clima ha estado marcado por los criterios impuestos por la ISIE para la aceptación de candidaturas –entre ellos un aumento de la edad mínima y la presentación de un documento sobre antecedentes penales–, que provocaron que sólo 17 personas entregaran la documentación necesaria, también en parte debido a las numerosas detenciones y condenas por críticas a las autoridades.
Durante los últimos años, las fuerzas de seguridad han detenido a cientos de personas, incluidos periodistas, activistas, abogados y parlamentarios por cargos relacionados con la “seguridad nacional”, incluidas imputaciones por “terrorismo”, por discursos críticos con Saied y el Gobierno o por convocar protestas, hechos criticados por Naciones Unidas y organizaciones humanitarias.
Un ejemplo del control de Saied sobre las instituciones llegó tras la polémica exclusión de candidaturas, cuando la Asamblea General, ahora controlada por personas afines al presidente, aprobó una ley retirando las competencias sobre asuntos electorales al Tribunal Administrativo a raíz del citado fallo dando la razón a tres candidatos, con lo que se puso fin a la supervisión judicial del proceso.
En este sentido, Human Rights Watch (HRW) acusó recientemente a las autoridades de socavar la integridad de las presidenciales al enmendar la ley electoral a pocos días de la votación y criticó la exclusión y arresto de candidatos y las “medidas arbitrarias” contra opositores, medios y activistas.
“Las autoridades tunecinas están poniendo de forma sistemática obstáculos en el camino hacia unas elecciones justas”, dijo el subdirector de la ONG para Oriente Próximo y Norte de África, Bassam Khawaja. “Tras los arrestos en masa y los actos contra posibles candidatos, están cambiando la ley electoral a pocos días de las elcciones, cortando todos los caminos para una supervisión significativa y una apelación”, lamentó.
LA CARTA DE LA MIGRACIÓN
Saied ha defendido su historial en estos años y ha ensalzado sus políticas migratorias –que también le han costeado críticas, especialmente tras una serie de declaraciones racistas en 2023 hacia los subsaharianos–, especialmente a través de los acuerdos con países europeos para controlar las salidas irregulares desde el país africano.
La UE y Túnez firmaron en julio de 2023 un acuerdo en materia migratoria que incluía la entrega de millones de euros a Túnez para que endureciera las medidas de control de la migración irregular, si bien la crisis económica en la que sigue sumido el país, con un 16 por ciento de paro –especialmente entre los jóvenes– ha llevado a Túnez a convertirse en uno de los principales puntos de paso de los migrantes, con cada vez más tunecinos intentando completar la mortal travesía.
La respuesta de las autoridades ha sido incrementar también la mano dura en esta esfera, con un aumento de las operaciones de seguridad contra migrantes, incluidas deportaciones al desierto y demoliciones de campamentos improvisados, que fueron llevadas a cabo en medio de una oleada de violencia contra extranjeros.
De hecho, Saied ha repetido en varias ocasiones que Túnez “no será un lugar de asentamiento para migrantes irregulares y trabaja para garantizar que tampoco sea un punto de tránsito”. Desde 2014, cerca de 24.000 personas han muerto o desaparecido intentando cruzar el mar Mediterráneo a través de la ruta central, que conecta principalmente Túnez y Libia con Italia.
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