En caso de ser condenado por cargos a nivel federal el magnate podría autoindultarse
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se enfrenta en los próximos meses a un ajustado calendario de citas judiciales que coincide con su carrera hacia la Casa Blanca y que, sin embargo, no le ha impedido postularse como candidato, si bien ya hay varias iniciativas en marcha que buscan su inhabilitación.
Según un último estudio de Harvard CAPS-Harris Poll, el magnate está siete puntos por delante de su probable rival, el actual presidente Joe Biden, para las elecciones de noviembre de 2024. Trump también es favorito en las primarias, por delante del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, que ha recortado distancias en las últimas semanas.
El proceso de primarias del Partido Republicano arranca el próximo 15 de enero con los caucus o asambleas vecinales de Iowa, que tradicionalmente han servido como punto de partida para medir el apoyo de cada candidato en su camino hacia la Casa Blanca.
La Justicia dará comienzo ese mismo día a un juicio por difamación en el marco de una segunda demanda civil presentada por la escritora Elisabeth Jean Carroll contra el magnate, que negó haber violado a la periodista a mediados de la década de los 90. Un jurado federal ya le declaró culpable en mayo.
Pero del calendario de las muchas citas judiciales que tiene pendientes el expresidente el próximo año la más importante es la que precede al ‘supermartes’, una votación simultánea prevista para el 5 de marzo en distintos estados y clave para la elección de delegados durante las primarias.
Un día antes de esta jornada, tendrá que acudir a los tribunales para comparecer por intentar revocar el resultado de las elecciones de 2020 en las que resultó vencedor Biden, un caso a nivel federal liderado por el fiscal Jack Smith y por el que se está acusado de hasta cuatro cargos federales.
Trump también encara otro juicio, encabezado por la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fani Willis, por el caso de interferencia electoral en el estado de Georgia durante los comicios de 2020, por el que está acusado de 13 cargos estatales.
De los dos procesos abiertos, el que más problemas podría acarrearle al expresidente sería el juicio a nivel federal, aunque si es condenado en el estado de Georgia no podría conseguir un indulto hasta que cumpla, por lo menos, cinco años de la condena.
El fiscal Smith también está al frente del caso de los documentos clasificados que se encontraron en su residencia de Mar-a-Lago, en el estado de Florida. Trump está imputado por 40 cargos federales, entre ellos obstrucción, realizar declaraciones falsas o retención deliberada de documentos.
EL AUTOINDULTO
La sección segunda de la primera cláusula de la Constitución determina que “el presidente tiene el poder de conceder aplazamientos y perdones por delitos cometidos contra Estados Unidos, excepto en casos de juicio político”, pero no especifica si se aplica también al inquilino de la Casa Blanca.
La opción del autoindulto ya se exploró en los años 70, cuando se debatió si era constitucional o no que el expresidente Richard Nixon se absolviese a sí mismo de cualquier responsabilidad por el escándalo del Watergate, que desencadenó la primera y única dimisión de un presidente en Estados Unidos.
“Según la norma fundamental de que nadie puede ser juez en su propio caso, el presidente no puede perdonarse a sí mismo”, reza una opinión no vinculante del Departamento de Justicia. Fue finalmente Gerald Ford, el sucesor de Nixon, el que le exculpó por una de las tramas de escuchas ilegales más sonada de la Historia.
Para el profesor de Derecho de la Universidad de Harvard Michael Klarman es bastante poco probable que los juicios abiertos contra Trump terminen antes de que se decida quién ocupará el Despacho Oval, si bien la opción del autoindulto en caso de que sea condenado es factible.
“La Constitución no dice nada sobre si un presidente puede autoperdonarse. Trump argumentará que puede hacerlo. La Constitucuón no permite que se conceda el perdón en casos estatales, por lo que no podrá hacerlo en los casos de Georgia o Nueva York”, ha sentenciado en declaraciones a Europa Press.
Klarman se refería así a otro juicio que tiene pendiente Trump y que lidera la fiscal general neoyorquina, Letitia James, por fraude fiscal. La Fiscalía reclama al magnate 250 millones de dólares por inflar el patrimonio de la Organización Trump.
LA INHABILITACIÓN DE TRUMP
Si bien el expresidente podría autoperdonarse a nivel federal, todavía tiene otros frentes a raíz de la tercera sección de la Decimocuarta Enmienda, que prohíbe a cualquier persona que haya jurado la Constitución y participado en una insurrección volver a ocupar un cargo público.
Recientemente, la jueza Sarah Wallace del tribunal de distrito de Denver, en Colorado, falló en contra de un grupo de votantes que pedían su inhabilitación por su papel en el asalto al Capitolio, si bien aseguró en su decisión que el expresidente sí llegó a participar en una “insurrección”.
“Estamos dispuestos a llevar este caso tan lejos como sea posible para garantizar que Donald Trump sea eliminado de las listas”, aseguró en un comunicado Noah Bookbinder, presidente de Ciudadanos por la Responsabilidad, la ONG que se encuentra detrás del proceso.
Los demandantes han apelado el fallo, puesto que la jueza se ha negado a inhabilitar a Trump argumentando que la Presidencia no está incluida en la Decimocuarta Enmienda. Casos similares se han desestimado en otros estados, como en Michigan o Minnesota.
SOBRE LA INSURRECCIÓN
En el hipotético caso de que sea condenado y, por alguna razón, no pueda autoindultarse, no sería el único en llevar su candidatura entre rejas. En 1920, el socialista Eugene Debs se postuló para la Presidencia desde su celda.
“Estuvo en prisión después de ser declarado culpable de ‘sedición’ durante la Primera Guerra Mundial, esencialmente por criticar la conducta de la administración Wilson durante la Primera Guerra Mundial”, ha recordado Klarman.
Los casos que afronta Trump por insurrección tienen su precedente en el comité parlamentario que se creó para investigar el asalto al Capitolio, que concluyó en un informe final de 845 páginas publicado en diciembre de 2022 que el Congreso debía poner en marcha un mecanismo formal para procesarlo por múltiples delitos, entre ellos conspirar contra Estados Unidos.
En su informe, que se basa en decenas de entrevistas, documentos y correos electrónicos durante más de un año de investigación, sentenció que “ninguno de los acontecimientos del 6 de enero podrían haber ocurrido sin él” y ofreció hasta un total de 11 recomendaciones para “fortalecer” la democracia estadounidense, si bien no tenían un carácter vinculante.
Entre ellas, se encontraba aplicar la tercera sección de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución para impedir tanto a Trump como a los implicados en los hechos del 6 de enero “ocupar cargos” a nivel federal o estatal.
“El comité cree que aquellos que juraron proteger y defender la Constitución y después, el 6 de enero, participaron en la insurrección pueden ser apropiadamente descalificados y excluidos de ocupar cargos gubernamentales”, reza el texto.
Asimismo, el comité también hizo referencia al proceso de juicio político o ‘impeachment’ del que Trump salió airoso en febrero de 2021 tras una votación en el Senado que no logró los apoyos suficientes para ser aprobada: 57 votos a favor frente a 43 en contra.
“El Senado tuvo la oportunidad de condenar e inhabilitar a Trump en febrero de 2021 después de que la Cámara iniciase un proceso de ‘impeachment’ por segunda vez. Los republicanos fueron cobardes. Probablemente pensaron a nivel político y no querían provocar a sus simpatizantes y dar a los demócratas la victoria”, señala Klarman.
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