La ONG detecta cierta opacidad en los gobiernos occidentales a la hora de informar sobre su incautación de activos de oligarcas
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La ONG Transparencia Internacional ha pedido a los gobiernos aliados de Kiev más claridad y accesibilidad sobre sus operaciones para perseguir el dinero y los bienes rusos paralizados por las sanciones que pesan sobre Moscú por su invasión de Ucrania, en un día en que se cumple el primer aniversario del conflicto.
Rusia estima que las sanciones del Banco Central impuestas por la UE y sus aliados habían congelado unos 300.000 millones de dólares de sus reservas de divisas mientras la comunidad internacional ha puesto en marcha una línea de actuación adicional para combatir lo que llaman el dinero “sucio” de Rusia, repartido por intermediarios de “oligarcas y élites” afines al Estado ruso a través de canales de distribución ilegales.
En un balance de sus primeros doce meses de investigaciones, la ONG extrae dos conclusiones principales: “Los gobiernos deben ponerse todavía más serios a la hora de congelar la riqueza ilícita de Rusia dentro de sus fronteras y deben sistematizar aún más la información recogida al respecto para que la sociedad civil y el público en general puedan evaluar el impacto de sus esfuerzos”, ha manifestado.
Desde el comienzo de las sanciones económicas contra los oligarcas rusos, la ONG ha pedido a una docena de jurisdicciones internacionales, pertenecientes a la estructura conocida como la Fuerza de Intervención contra los Oligarcas, Intermediarios y Élites de Rusia (REPO, por sus siglas en inglés), toda la información pertinente sobre los individuos afectados, el tamaño de los activos congelados y los procedimientos legales iniciados al respecto.
La respuesta, a juicio de Transparencia Internacional, ha sido decepcionante en algunos aspectos al considerar que las agencias consultadas no tenían la información disponible con la inmediatez necesaria e incluso algunas, como la australiana, se negaron a proporcionar información. Transparencia Internacional destaca sin embargo la respuesta de las agencias francesas, todavía incompleta pero lo suficientemente rápida y precisa como para permitir un escrutinio detallado.
“Ha pasado un año y todavía desconocemos la eficacia de estos esfuerzos”, ha declarado la experta de Transparencia Internacional en el ámbito del flujo de dinero corrupto, Maíra Martini. “Las cifras que divulgan de cuando en cuando pueden impresionar, pero es probable que solo representen una fracción del dinero sucio de Rusia y de un tiempo a esta parte no han aumentado mucho”, ha añadido.
“Los gobiernos tienen que ser honestos e informar de las dificultades a las que se enfrentan a la hora de rastrear estos archivos y explicar qué les impide tomar medidas adicionales, como la posible confiscación de los activos. Esta transparencia podría servirnos para entender todavía mejor qué clase de reformas hay que hacer en este ámbito”, ha concluido.
La cuestión de la confiscación de los activos rusos es un tema de desacuerdo entre los países europeos. Suiza considera que la apropiación de los más de 8.000 millones de euros en activos privados rusos que retiene –para reconstruir Ucrania, como piden los aliados de Kiev– supondría una violación de la ley nacional, según el Gobierno suizo.
“La ley suiza no permite la expropiación de activos privados de origen lícito sin compensación”, según el comunicado del Ministerio de Finanzas suizo publicado este pasado jueves. “La confiscación de activos privados congelados es incompatible con la Constitución y viola los compromisos internacionales de Suiza”, añade el comunicado.
La UE espera sin embargo abordar de nuevo este tema cuando el nuevo equipo de trabajo formado al respecto esta semana, liderado por el presidente de la Junta Nacional de Comercio de Suecia, Anders Ahnlid, presente sus conclusiones el próximo Consejo Europeo, el 23 y 24 de marzo en Bruselas.
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