MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, defiende que los ayuntamientos que están obligados a implantar zonas de bajas emisiones (ZBE) y se nieguen a hacerlo no puedan recibir ayudas del Gobierno desde los Presupuestos Generales del Estado.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, de 2021, obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insultares a poner en marcha zonas de bajas emisiones antes de 2023, lo que afecta a 155 localidades y 11 islas. Se trata de un conjunto de medidas para limitar el tráfico de vehículos con el fin de reducir la contaminación atmosférica en los centros urbanos.
Sin embargo, sólo 52 de esas ciudades las tienen implantadas actualmente (33,5%), según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En cambio, aún no han iniciado los trámites ocho municipios (Arganda del Rey, Arona, El Puerto de Santa María, Ferrol, Orihuela, Sanlúcar de Barrameda, Telde y Valdemoro), que suponen un 5% de los municipios obligados, además de todas las islas de Baleares y Canarias.
Otras 95 localidades (el 61,3% del total de más de 50.000 residentes) se encuentran en fase de aprobación.
“CRECIMIENTO EXPONENCIAL”
Morán apunta, en una entrevista concedida a Servimedia, que es “razonablemente optimista porque la inmensa mayoría de los ayuntamientos que están obligados a la implantación de zonas de bajas emisiones ya tienen en algún grado de avance sus propios planes”.
“Son muy pocas las que quedan en estos momentos en un estado de rebeldía, lo que es estrictamente ideológico, hasta el punto de que hay algunas que se han permitido el lujo de renunciar a la financiación que aporta la Administración General del Estado para desarrollarlas. Es decir, renuncian a financiación para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos”, añade.
Morán subraya que a lo largo de este año habrá “un crecimiento exponencial del número de ciudades que implantan las zonas de bajas emisiones” e incluso algunas que no están obligadas las están aplicando.
Respecto a la posibilidad de sancionar a los ayuntamientos ‘rebeldes’, algo que no recoge la ley, Morán indica que “es mucho mejor incentivar que penalizar”, por lo cual el Gobierno ha aportado recursos económicos a las ciudades.
“Cuando se acaba el recorrido de la incentivación y veamos que eso se traduce en que nos encontramos con que hay municipios que han avanzado en una dirección y hay municipios que no, a lo mejor no es llegar al ámbito de las sanciones, pero sí podemos empezar a condicionar el acceso a financiación de Presupuestos Generales del Estado para determinadas intervenciones en aquellos sitios en los que no se haya desarrollado actuaciones de este tipo”, apostilla.
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