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Torres asegura que han acordado “caminar de manera confidencial” para lograr “el mejor acuerdo” para menores migrantes

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MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que han acordado con las formaciones políticas y el gobierno canario “caminar de manera confidencial” para conseguir “el mejor acuerdo” para los menores migrantes no acompañados.

“Estamos en estos momentos en contacto permanente los distintos representantes de formaciones políticas, gobierno en este caso de Canarias, Gobierno de España y por tanto voy a respetar lo que hemos acordado que es caminar de manera confidencial, discreta para conseguir el mejor acuerdo”, ha indicado Torres en declaraciones a los medios, tras mantener una reunión con el presidente del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) España, Gustavo Suárez-Pertierra, en plena crisis migratoria.

En este sentido, ha señalado que cuando alcancen un acuerdo para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, para repartir entre los territorios a los menores migrantes no acompañados, “habrá momento para hacer público todo lo que se ha trabajado en las semanas y meses anteriores”. “Porque la voluntad es que esta vez podamos conseguir avanzar en una modificación del artículo 35 en las Cortes Generales, pero entiendan que cuando llegamos a un acuerdo de discreción, de trabajo interno, de reuniones entre las partes con caminos en los que podemos encontrar puntos en común, no distorsionemos todo eso con sacar información de las mismas”, ha asegurado, para añadir que es “el deseo” del Gobierno que “llegue a buen puerto”.

Asimismo, el ministro ha explicado que van a tener “las reuniones que sean necesarias” y ha añadido que, a su juicio, van “a avanzar bastante”. “Ya estamos en una necesidad urgente. Esto es urgente, pero siendo urgente ya podríamos haberlo aprobado el 23 de julio y estaríamos hoy derivando menores, pero en cualquier caso vamos a caminar hacia adelante, a ver si es posible esta vez conseguir ese acuerdo, absolutamente necesario”, ha subrayado.

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reunió este martes en Ginebra con el director de ACNUR en Europa, Philippe Leclerc, y el director regional adjunto de UNICEF, Octavian Bivol, para solicitar el asesoramiento y la ayuda de estas dos organizaciones para administrar y gestionar la presión migratoria que está sufriendo el archipiélago, “de una gran intensidad y la mayor de toda Europa en este momento”.

Precisamente, sobre esta petición de Clavijo, Torres ha dicho que están “concienciados y trabajando” en las circunstancias y el fenómeno migratorio. Además, ha defendido que el Ejecutivo está “tendiendo la mano” al archipiélago. “El Gobierno de España y los partidos que conforman su coalición votamos ‘sí’ el 23 de julio para reformar la ley, que los menores que están en Canarias, en Ceuta, en Melilla e incluso en cualquier otro territorio que pudiera tener esa presión migratoria, siendo claramente una competencia autonómica, porque así es como está la Constitución y los Estatutos de Autonomía”, ha defendido.

“ESTAMOS PONIENDO TODO POR NUESTRO LADO”

En esta misma línea, el ministro ha recalcado que están con la propuesta de modificar la ley, “pero la que hoy tiene vigor establece que es una competencia autonómica”. “Estamos poniendo todo por nuestro lado”, ha destacado.

Finalmente, Torres ha mostrado su “reconocimiento” a UNICEF, que ha añadido que hace un trabajo “magnífico” en la protección de los menores. En este sentido, ha asegurado que, en el encuentro con el presidente de la organización, han compartido que “el derecho del menor es un derecho que esta por encima de cualquier otro derecho”, así como que “hay que protegerlo siempre”.

El ministro también ha expuesto que han acordado que no se puede “dificultar” la protección de los menores y que las administraciones tienen que responder a sus responsabilidades y sus competencias. También ha apuntado que se ha puesto de manifiesto que “quizás han sobrado conflictos”, entre Canarias y el Gobierno, en relación al protocolo recientemente aprobado y suspendido por la Justicia.


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