LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 (EUROPA PRESS)
El ministro de Política Territorial y secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este domingo que “no” tienen miedo de que haya comunidades autónomas del Partido Popular (PP) que vayan al Tribunal Constitucional (TC) por el real decreto ley que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería para derivar menores migrantes no acompañados llegados, en su mayoría a Canarias, a otras autonomías.
Torres, que se ha mostrado “muy contento”, tras culminar esta semana con un proceso de más de un año, al aprobar el Consejo de Ministros un real decreto ley para la distribución de menores no acompañados, señaló en declaraciones a los periodistas antes de clausurar el 15º Congreso del PSOE de Gran Canaria, que “no” tienen “miedo de que se vaya al TC” pero consideró que “no debe ser gratuito ir al Tribunal Constitucional”.
En concreto, se cuestionó que si lo hacen los presidentes del Partido Popular, “¿cómo es posible que lo permita el Partido Popular de Canarias? Si se pone en riesgo una medida histórica, en la que se lleva un año y pico trabajando por parte de gobernantes del Partido Popular, ¿qué va a hacer Fernando Clavijo?”, apuntilló para matizar que “no” habla “de romper nada” pero preguntó si “¿Lo va a asumir de manera silente?”.
Añadió que “indudablemente” si el Tribunal Constitucional termina suspendiendo cautelarmente la medida, los niños se van a quedar en Canarias, siendo esa “la aportación que va a hacer el Partido Popular”, subrayando que “han puesto palos en las ruedas”.
De todos modos, consideró que los gobiernos autónomos “están en su derecho” a ir al TC ante una aprobación legislativa y, a la inversa el Gobierno de España ante una aprobación legislativa de los ejecutivos autónomos, “si creen que vulnera la Constitución, aunque ha defendido que este real decreto ley “no vulnera la Constitución, al contrario”, ya que matizó que hay informes de la Abogacía del Estado, del Gobierno canario por sus servicios jurídicos y “dicen claramente que la distribución de sus menores en el conjunto del país es un hecho de país”.
Además consideró que “no” cree que “haya nadie” en Canarias o en Ceuta que no comparta que 6.000 menores que estén en el archipiélago vayan al resto de las comunidades autónomas.
En este sentido, cuestionó que haya presidentes autonómicos que digan que “están saturados” para recibir 500 o 600 menores cuando en Canarias hay casi 6.000. “La saturación ya está donde es objetiva y en esos lugares lo que hay son afirmaciones que no se sustentan en los datos objetivos, así que yo espero que no se vaya al Tribunal Constitucional”, apostilló para agregar que confía en el Tribunal Constitucional y en la constitucionalidad del real decreto de ley aprobado.
También exigió al PP de Canarias y a su socio en el Gobierno regional, Coalición Canaria, así como al presidente canario, Fernando Clavijo, que “llame a los presidentes autonómicos y les digan que eso no lo pueden hacer” porque estarían “poniendo en altísimo riesgo una medida que condena al territorio donde precisamente ese partido también co-gobierna”.
UN MÁXIMO DE 30 DÍAS
Respecto a cuándo se convalidará el decreto ley en el Congreso, indicó que esa fecha la tendrá que trasladar la Mesa, apuntando que hay “un máximo de 30 días, por lo tanto, tiene que ser en la primera quincena de abril”, por lo que serán “dos o tres semanas máximo”.
Finalmente resaltó que el Gobierno de España “prioriza una respuesta humanitaria a otras propuestas, incluso otros pensamientos”.
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