MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Telefónica se ha adjudicado por alrededor de 10 millones de euros la licitación pública para el suministro de infraestructura TIC (tecnologías de la información y la comunicación) y de puestos de trabajo para los proyectos de información clasificada recogidos en el plan de digitalización consular del Ministerio de Asuntos Exteriores, según figura en el portal de contratación del Estado y recoge Europa Press.
El contrato, licitado sin publicidad, se divide en dos lotes y el primero de ellos, adjudicado a la teleco por 6,66 millones de euros, tiene que ver con el suministro del hardware y el software TIC, así como con la virtualización, seguridad y licencias para los proyectos de información clasificada del plan de digitalización consular.
En tanto, la segunda parte del contrato, adjudicada a Telefónica por 3,45 millones de euros, está relacionada con el suministro del hardware para los puestos de trabajo y el equipamiento de digitalización para los mencionados proyectos.
STC Y LA INFORMACIÓN CRÍTICA
En este contexto, cabe recordar que este pasado martes la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, anunció el registro de una iniciativa para impedir que la teleco saudí STC (que posee un 9,97% de Telefónica desde septiembre de 2023) pueda acceder a información “crítica” de la compañía española al considerar que se trata de una empresa estratégica por sus vínculos, entre otras cuestiones, con la defensa nacional.
Martínez ha avanzado que se trata de una proposición no de ley que, entre otros puntos, tiene por objeto reforzar la regulación y establecer “salvaguardas” para no compartir información crítica con accionistas potencialmente en conflicto con los intereses del país.
La diputada del grupo plurinacional ha puesto de ejemplo el caso de Telefónica y la entrada en su accionariado del grupo saudí, que tiene un 9,97% de la empresa –un 5% todavía en derivados financieros– y que tiene intención de solicitar un asiento en el consejo de administración de la teleco.
A juicio de Martínez, esa participación “plantea serias dudas sobre la soberanía de una empresa que es esencial para España”. Por ello, la portavoz del grupo plurinacional ve oportuno tomar medidas para “blindar” sectores clave “frente a intereses financieros que puedan comprometer el interés general” y la soberanía estratégica.
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