MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han anunciado que presentarán un recurso tras la decisión de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional (AN) anulando la sentencia que obligaba al Ministerio del Interior a aplicar todas las cláusulas del Acuerdo de Equiparación Salarial para policías y guardias, firmado el 12 de marzo de 2018.
En un comunicado, el SUP y AUGC han lamentado el pronunciamiento de la Sala contra el criterio del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo 3 de la Audiencia Nacional, ya que entienden que la inaplicación de ciertas cláusulas del acuerdo provoca que persistan diferencias con respecto a policías autonómicas como los Mossos d’Esquadra.
De esta forma, ambas organizaciones han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Supremo al ver un “paso de gigante” que los jueces aludan en su sentencia al acuerdo “como negociación colectiva en el ámbito de la función pública”.
“El Tribunal Supremo deberá pronunciarse sobre si es ajustado o no a derecho incumplir cláusulas de un acuerdo pactado, fruto de la negociación colectiva, y que afecta a miles de policías y guardias civiles, y si, como sostiene AUGC y SUP, su cumplimento es obligado como parte de la salvaguardia de los pilares básicos del estado de Derecho”, han expuesto ambas organizaciones policiales.
En su sentencia de 27 de junio de 2023, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la Audiencia Nacional atendía al recurso y obligaba obliga al Ministerio del Interior a “iniciar una renegociación para el cumplimiento de las cláusulas tercera y octava” incluidas en el Acuerdo de Equiparación Salarial firmado en 2018.
El Acuerdo de Equiparación Salarial fue firmado por el Ministerio del Interior en la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy y luego fue ejecutado presupuestariamente, con más de 800 millones de euros en tres años, tras la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno y con Fernando Grande-Marlaska de titular de esta cartera.
LEY DE RETRIBUCIONES Y MÁS DINERO PARA LA RESERVA
El fallo responde a la demanda de representantes de policías y guardias civiles contra al incumplimiento de dos cláusulas del acuerdo, la tercera y la octava. La primera de ellas recogía el compromiso de destinar 100 millones de euros en tres años “para incentivar el reingreso del personal de segunda actividad sin destino y reserva al servicio activo”.
También consideraban que no se había cumplido la cláusula octava, sobre “medidas legislativas para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones”.
La Audiencia Nacional reconoció que el ministro del Interior no tiene capacidad por sí mismo para desarrollar una ley de retribuciones, aunque sí le corresponde “proponer al Consejo de Ministros la adopción de una medida legislativa con ese contenido”.
“La prioridad es que la equiparación tiene que ser efectiva en las nóminas de los policías y los guardias civiles cuanto antes”, señalaba el fallo de 2023, que añadía que el Gobierno “sólo se obliga a presentar un proyecto de ley” y, de no salir adelante, “se deberá iniciar la renegociación de las materias tratadas en el plazo de un mes, si así lo solicitara al menos la mayoría de una de las partes”.
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