Los socios han protagonizado otras discrepancias en materias como Ley del Suelo y migración
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
La propuesta de la baja laboral flexible, la deportación de activistas saharauis solicitantes de asilo y las divergencias en materia de vivienda han suscitado choques entre PSOE y Sumar, socios del Gobierno de coalición, con el inicio del curso parlamentario.
La cuestión de la vivienda, por ejemplo, es un asunto nuclear para Sumar que prioriza, junto a una reforma fiscal y mejoras en política de conciliación, en la negociación en el seno del Ejecutivo para consensuar los nuevos Presupuestos Generales.
Por ello, han recibido con malestar el giro de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ha pasado de asumir su propuesta de condicionar los fondos estatales a que las autonomías del PP apliquen la regulación del precio del alquiler, incluida en la Ley de Vivienda, a optar por premiar con más recursos a las comunidades que apliquen la fórmula.
Muestra de ello es que el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, tildó de “despropósito” renunciar a castigar el incumplimiento de la Ley de Vivienda y se preguntó qué ha pasado para este “nuevo bandazo” de la ministra, que facilita al PP seguir “boicoteando” la norma.
EL GOBIERNO DEBE TOMAR MEDIDAS PARA SER CREÍBLE EN VIVIENDA
Además, otra de las medidas defendidas por Sumar, prohibir de forma temporal la compraventa de vivienda en zonas de mercado tensionado si no son para uso residencial, fue tachada de “extrema” por parte del portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López.
Fuentes del socio minoritario consultadas por Europa Press reconocen incomprensión y diferencias con las posiciones que está enarbolando Rodríguez, a quien afean también gestos como apelar a la solidaridad de los caseros para bajar el precio del alquiler.
Por tanto, en Sumar admiten que les preocupa que el PSOE muestre poca ambición en vivienda, sobre todo en vísperas de la manifestación convocada para el próximo 13 de octubre que apoyan, y garantizan que van a seguir presionando al ala mayoritaria del Ejecutivo para que se avenga a sus posiciones.
Muestra de ello es el llamamiento público que hizo al PSOE la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para “gobernar” en materia de vivienda e instar a la ministra comparecer de forma inmediata en el Congreso. Una petición que en Sumar enmarcan en el plano de las relaciones leales entre los dos sectores de la coalición.
Por otro lado, fuentes del grupo plurinacional advierten que el PSOE debe empezar a asumir que bajar el precio de los alquileres debe ser una prioridad de la legislatura para que la izquierda no pierda credibilidad ante sus bases y que hay que responder con contundencia al PP, que ahora pone el foco en su propuesta alternativa en vivienda.
OPOSICIÓN DE DÍAZ A LA BAJA FLEXIBLE
Otro elemento de colisión entre los socios ha sido la propuesta de baja laboral flexible formulada por el Ministerio de Inclusión, una opción a la que se ha opuesto Díaz al pedir que no se jugara con la salud y que los trabajadores podían estar tranquilos.
“Su salud está garantizada. No vamos a consentir ninguna variación en la incapacidad laboral tal y como la tenemos concebida. Es un derecho que han conseguido a lo largo de los años”, ha sostenido. La ministra de Sanidad, Mónica García , también manifestó que le “rechina bastante” el concepto de flexibilidad en la baja y que solo se podría explorar algún supuesto con el visto bueno del personal médico.
Mientras, la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, replicó que su propuesta de baja laboral flexible no busca “de ninguna manera” ahorrar dinero a la Seguridad Social por el alto gasto en incapacidad temporal (IT), sino que su intención es la de “ampliar derechos” y avanzar en “justicia social”.
Este roce también ha motivado que diputados del grupo plurinacional alcen la voz como el caso del representante de Compromís, Alberto Ibáñez, desgrana que la legislatura tiene que ir de logros sociales y, con ironía en las redes sociales, pedía a las ministras del PSOE que fueran “solidarias y no autoboicotearan la legislatura”.
Otro punto de fricción ha sido la reciente deportación de activistas sahararuis solicitantes de asilo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que ha llevado a Sumar ha expresar su rechazo frontal con críticas al Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande Marlaska, de aplicar una decisión “inaceptable” y desplegar una “nefasta” política en materia de asilo.
“Una mala noticia y un ministro del Interior incapaz de atender el derecho de asilo por razones humanitarias”, lanzó el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo.
RUPTURAS CON LA LEY DEL SUELO Y PARA PROHIBIR EL PROXENETISMO
El curso político se abrió también con la advertencia de Sumar de que el Ejecutivo no podía seguir en situación de “parálisis” mientras que en verano la vicepresidenta segunda rechazó a finales de agosto que se siguieran “las mismas recetas que la derecha” en materia de migración porque son “un fracaso”. Un mensaje que llegó después de que el presidente, en el marco de su gira por países africanos, dijera que la expulsión de migrantes irregulares mandaba un mensaje nítido y contundente a las mafias.
En materia migratoria, Sumar ha venido demandando el reimpulso de la Iniciativa Legislativa Popular para regularizar a medio millón de migrantes y recientemente celebró el acuerdo con el PSOE para desbloquear la tramitación parlamentaria en el Congreso.
A lo largo de la legislatura se han producido otros choques, siendo uno de los más sonados la ruptura del Gobierno sobre la reforma de la Ley del Suelo, que Sumar rechazó y el PSOE acabó retirando del Congreso al constatar que tampoco contaba ni con el respaldo de parte de los socios habituales ni del PP.
También la coalición se fracturó con la proposición de ley del PSOE para prohibir el proxenetismo, que fue tumbada en la Cámara Baja y contó con el voto en contra del Sumar, que acusaba a los socialistas de tratar de dividirles en un asunto complejo para el espacio plurinacional, donde conviven sensibilidades abolicionistas y más tendentes a la regulación de la prostitución.
A su vez, las ampliaciones del aeropuerto de Madrid y del puerto de Valencia han generado discrepancias entre los socios, dado que son proyectos a los que se oponía Sumar.
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