Solicita un pacto social por la educación pública, endurecer los requisitos para crear centros privados y un sistema de becas salarios
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Sumar propone blindar constitucionalmente una financiación el 1,3% del PIB para las universidades públicas, un pacto social por la mejora de la educación superior y establecer una moratoria de diez años en la creación de nuevos centros privados, debido al “elevado” número actual en el país.
También aboga por aplicar un sistema de becas salario que garantice la plena dedicación al estudio, donde sea determinante la situación socioeconómica del alumno y asegurar el acceso a la educación superior de los sectores económicamente más desfavorecidos.
A su vez, plantea que la comunidad estudiantil tenga al menos un 25% en todos los estamentos de decisión de las universidades, para conseguir equilibrar “la representación democrática” de todos los sectores en los órganos de gobierno universitarios.
Sumar lanza estas propuestas en un documento de conclusiones sobre la jornada que organizó en el Congreso para defender la educación superior como un derecho esencial, máxime cuando las universidades públicas están sufriendo una situación “crítica”, provocada no solo por “ataques externos” y de “fuerzas privatizadoras”.
MEJORA DE FINANCIACIÓN YA EN 2026
Para el grupo plurinacional, la prioridad es que la educación superior “debe garantizarse a través de una red de universidades públicas, de titularidad y gestión pública”, orientadas a la ciencia, la investigación y la transformación social “por el bien común, no hacia el negocio”.
En su documento de propuestas, Sumar apuesta por una universidad pública con una financiación garantizada constitucionalmente del 1,3% del PIB.
Específicamente, estipula que el 1% del PIB previsto en la Ley orgánica del sistema universitario (LOSU) para 2030 debe elevarse al 1,3%, para asemejarse a las proporciones que imperan en la UE, y acelerar su despliegue a 2026 unido a su blindaje en la Carta Magna.
Así, insta a establecerse una planificación plurianual en el marco de un sistema financiero finalista que será de al menos 6.678,15 euros por alumno (media nacional) en todas las comunidades autónomas.
PACTO SOCIAL Y UNIVERSIDAD LAICA
Junto a ello, fija que cada autonomía tiene que concretar un calendario concreto de aplicación de esta financiación, lo que exige un Pacto Social por la Educación Superior.
También propone la creación de una unidad fiscalizadora en la Conferencia General de Política Universitaria (en la que estén representados el Gobierno, comunidades y las universidades públicas) para la inspección, cada tres años, de todas las universidades públicas y privadas con vistas a garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente para realizar su labor y establecer las medidas sancionadoras en caso de incumplimiento.
En consecuencia, se deberá poner en marcha el proceso de supresión en caso de incumplimiento de los requerimientos exigidos, estipula el documento de Sumar.
Otro de los puntos de la batería de iniciativas de Sumar es garantizar la laicidad en las universidades, tanto públicas como privadas, y hacer más atractivos los campus universitarios públicos mediante dos medidas concretas: recuperar el valor y la importancia clave de la docencia y con un sistema generalizado de becas salario.
En materia de las universidades privadas, Sumar exige una regulación estricta y modificar el decreto 640/2021 para que los informes de los organismos de evaluación de las universidades y del Ministerio sean preceptivos y vinculantes.
En consecuencia, ninguna comunidad podrá autorizar nuevas universidades privadas que no cuenten con la valoración positiva de estos organismos.
- Te recomendamos -
