MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El Grupo Parlamentario Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para suprimir progresivamente los conciertos educativos mediante la integración voluntaria y negociada de los centros privados-concertados en una red única de centros públicos.
La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, pide al Ejecutivo que celebre una mesa sectorial con las comunidades autónomas y administraciones competentes “con el fin de establecer una red escolar pública única, que no derive recursos públicos a financiar opciones privadas”.
Asimismo, le pide promover, en el marco de las competencias estatales, la garantía de proporcionar plazas públicas suficientes en los alrededores o accesibles para los nuevos desarrollos urbanísticos que se produzcan.
Sumar reclama al Gobierno que inste a las administraciones competentes a no destinar suelo público (sea de titularidad municipal o de otras administraciones públicas) para centros escolares privados, según establece la Disposición Adicional Decimoquinta de la citada Ley.
Igualmente, insta al Gobierno a revisar, en coordinación con las comunidades autónomas, los conciertos actuales y los recursos distribuidos, teniendo en cuenta las plazas vacantes en los centros públicos actualmente, y el desarrollo de los índices de natalidad, atendiendo a la territorialidad.
La iniciativa propone que el Ejecutivo, en coordinación con las Administraciones competentes, establezca mecanismos normativos y protocolos administrativos “para que no se produzca el cierre de líneas de escuelas públicas en aquellas zonas donde se mantengan conciertos con la enseñanza privada concertada”.
Por último, reclama promover el aumento de la oferta pública de la Formación Profesional y Educación Infantil de 0 a 3 años, “a fin de fortalecer e invertir lo necesario en estos niveles educativos que cada vez cuentan con menos inversión y respaldo público para cubrir todas las necesidades de la población”.
En la exposición de motivos, advierte de que los centros concertados “generalizan el levantamiento de barreras de entrada, sobre todo con el mecanismo de cobro ilegal de cuotas (además del copago de actividades o tasas voluntarias, la religión católica como ideario excluyente y las propias zonificaciones geográficas que han favorecido esta selección), lo cual atenta contra el derecho a la gratuidad de las enseñanzas obligatorias sostenidas con fondos públicos”.
Sumar recuerda que esto está regulado en el artículo 88 de la LOMLOE: “Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias -de los alumnos-“.
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