Los legisladores sursudaneses aprobaron un proyecto de ley que permite a la Inteligencia arrestar a sospechosos sin orden judicial
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Estados Unidos ha mostrado este miércoles su “profunda preocupación” por la decisión de la Asamblea Nacional de transición de Sudán del Sur de aprobar un proyecto de ley que consolidaría el poder del Servicio de Seguridad Nacional para realizar arrestos y detenciones sin orden judicial.
“La promulgación de esta ley degradaría aún más el espacio político y cívico en Sudán del Sur. El Gobierno de transición debe actuar con urgencia para crear un entorno en el que el pueblo sursudanés pueda expresar sus opiniones abiertamente y sin miedo”, ha declarado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado.
En los últimos días, la Unión Europea y varios países como Reino Unido, Canadá o Noruega, a través de sus Embajadas, indicaron que este proyecto de ley “constituiría un significante paso atrás de la apertura del espacio político y cívico, que constituye un requisito para que unas elecciones genuinas y pacíficas tengan lugar”, según ha informado la emisora sursudanesa Eye Radio.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU para Sudán del Sur, que es un organismo independiente creado por el Consejo de DDHH de Naciones Unidas, instó al presidente del país, Salva Kiir, a devolver el texto a los legisladores para que se ajuste a las obligaciones en materia de Derechos Humanos, puesto que esta modificación de la ley “consolidará las detenciones arbitrarias y una mayor represión”.
“Si el presidente las acepta, estas enmiendas indicarían que las violaciones de derechos por parte de esta poderosa institución cuentan no sólo con el respaldo del resto del Gobierno, sino también de los legisladores. Debería ser devuelto a los legisladores para que trabajen en enmiendas que se ajusten al compromiso del Gobierno de eliminar los poderes de arresto de esta institución, que se abusan sistemáticamente y son ilegales”, ha declarado Yasmin Sooka, presidenta de la comisión.
Este organismo ha informado anteriormente en detalle sobre violaciones de Derechos Humanos cometidas por el Servicio de Seguridad Nacional, entre las que se incluyen la práctica de detenciones arbitrarias y prolongadas sin supervisión judicial, o la tortura y muerte de personas detenidas.
“Mientras Sudán del Sur se prepara para sus primeras elecciones desde la independencia, los ciudadanos deben poder ejercer sus derechos civiles y políticos sin temor a represalias. Estas enmiendas en materia de seguridad tenían como objetivo abrir el espacio cívico, pero en su forma actual, su efecto es el contrario”, ha subrayado el comisionado Barney Afako.
La semana pasada una mayoría de dos tercios de los legisladores aprobó el proyecto de ley que conserva los poderes del Servicio de Seguridad Nacional para detener. No obstante, el presidente puede devolver el texto a los legisladores para su revisión en un plazo de 30 días. A principios de año, Yuba se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que incluye la protección contra arrestos arbitrarios y exige que toda personas detenida sea llevada sin demora ante un juez. El proceso de modificación de la ley lleva más de seis años en marcha pero se había estancado debido a desacuerdos.
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