Defiende que éste era cliente del despacho y desliga a Boye de cualquier operación de blanqueo del origen de esos fondos aprehendidos
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
Isabel Elbal, socia del bufete de abogados de Gonzalo Boye y su esposa, ha señalado este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga a este letrado por un presunto delito de blanqueo de fondos que podrían pertenecer a la red del narcotraficante gallego Sito Miñanco, que la cantidad aprehendida en febrero de 2017 en el aeropuerto de Barajas pertenecía a uno de sus clientes, Manuel Pedro González Rubio, y que éste, que ya había sido cliente anteriormente, les contrató para justificar las cantidades ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).
Así se ha pronunciado en respuesta a las partes personadas en el juicio que celebra la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal contra José Ramón Prado Bugallo –Sito Miñanco– y medio centenar de personas, incluido González Rubio, del que la Fiscalía sospecha que era uno de los ‘correos humanos’ que servía al narcotraficante para sacar dinero de España en vuelos hacia Colombia.
Cabe recordar que Boye, quien también es abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, fue procesado por la instructora por su supuesta participación en el operativo orquestado para recuperar 889.620 euros que la Policía había incautado a presuntos miembros de la organización de Sito Miñanco en el aeropuerto.
Tras la detención de estos ‘correos humanos’, que llevaban el dinero oculto en maletas para moverlo hacia Colombia, y siempre según el relato de la magistrada, los ‘narcos’ contactaron a Boye y otro abogado, Jesús Morán Castro, para que elaboraran unos documentos que justificaran el origen legal del dinero. Boye y otros dos abogados se sientan así en el banquillo por su presunta implicación en la elaboración de documentos y contratos de compraventa de letras de cambio para justificar y recuperar el dinero aprehendido por la Policía.
Pero este lunes, Elbal ha incidido en que el cliente fue siempre González Rubio, que les contactó al día o los dos días de la aprehensión y que los honorarios se fijaron en un 15 por ciento de lo que pudieran rescatar de la cantidad total, aunque finalmente se quedaron sin cobrar.
Sobre la labor del bufete en ese caso concreto, ha recordado que el tema “era muy sencillo” dado que sólo había que acreditar el origen del dinero intervenido y acreditar cuál era su destino. “En ese tema, como titular del despacho, sí que me enteré muy directamente porque era muy sencillo, no hacía falta ser un administrativista muy ducho. Y lo que sabíamos es que él –González Rubio–, en ese momento avanzó que tenía una documentación que acreditaba el origen del dinero, que era suyo y que procedía de unos contratos, de unas compraventas o una venta de unas letras. Y como destino, que él precisamente viajaba a Colombia a finalizar o materializar la compra comprometida de un negocio”, ha recordado.
Al hilo, ha explicado que González Rubio –al que conocían por ser armero de profesión– se retrasó con la entrega de la documentación de esas letras de cambio, y que tuvieron incluso que pedir un aplazamiento al SEPBLAC. Al tiempo, el propio cliente se personó en el despacho y entregó a un administrativo esa documental que justificaría el movimiento de dinero, y el despacho, por medio de una abogada que llevaba temas administrativos y civiles elaboró el expediente para el SEPBLAC sin que fuera apoyada en ningún momento por Boye, ha recordado.
En este sentido, ha añadido que Boye creía que se podía recuperar el dinero aprehendido y que ella era menos optimista y se conformaba con obtener un 50%, y ha recordado que hablaron con el armero para preguntarle cómo se le ocurrió “transportar ese dinero” en maletas dado que era “una torpeza”.
Sobre el hecho de que los expedientes elaborados por su bufete para el SEPBLAC incluyeran ‘copiapegas’ de un expediente anterior de otro cliente, la testigo lo ha achacado a un problema que se arrastra en el mundo del derecho –lo de copiar textuales de escritos anteriores– y que ambos asuntos eran similares.
ISABEL PRADO Y PUENTES SAAVEDRA
Por otro lado, ha defendido que una de las hijas de Sito Miñanco, Isabel Prado, era colaboradora del despacho de Boye, algo que, por otro lado, justificaría que mantuviera contactos con el letrado en esas fechas.
Además, sobre los dos informes que la policía incautó en el registro del despacho en 2019, uno de 15 páginas a doble columna y otro de 55 páginas, ha señalado que el primero lo encargó el propio Boye después de la declaración de otro de los investigados, Manuel Puentes Saavedra, que incriminaba al abogado directamente en estos hechos. “Supimos luego que que había sido puesto en libertad poco tiempo después de haber declarado”, ha añadido.
Por eso, y “ante la lógica preocupación de que pudiera ser imputado en este procedimiento, se decidió hacer este documento de autodefensa” que cumplía con el modo de trabajo del bufete: “Doble columna para contrastar la declaración del señor Puentes Saavedra” con lo que ellos sabían.
PRIETO MOLINA Y SU CONVERSACIÓN CON BOYE
Entre los numerosos testigos que han desfilado este lunes ante el tribunal que preside el magistrado Alfonso Guevara también ha destacado el abogado Jesús Miguel Prieto, quien llevara por un periodo de tiempo a Puentes Saavedra.
Éste ha reconocido su propia voz en una grabación unida a la causa en la que en enero de 2023 confirma a Boye que Puentes Saavedra cambió su declaración inicial ante la policía estando ya en prisión y después de recibir determinadas visitas de agentes. “¿De la UDEF?”, le llega a preguntar Boye en la grabación a la que ha tenido acceso Europa Press, a lo que le responde que no sabe quién, “pero de la policía”.
“Ahí fue cuando cambió la declaración y salió a las dos semanas, o a los cuatro días…”, indicó para luego añadir que lo que le ofrecieron fue “salir en libertad”.
OPERACIÓN MITO
Cabe recordar que este proceso arrancó fruto de la conocida como ‘operación Mito’, centrada en la red que presuntamente dirigía Sito Miñanco y que intentó introducir sin éxito en España más de 4.000 kilos de cocaína en dos operativos diferentes que fueron truncados por los investigadores que le seguían la pista desde 2016.
Esa organización, según la juez, se dedicaba principalmente a la importación y distribución de sustancias estupefacientes (especialmente cocaína) y al blanqueo de capitales.
La Fiscalía Antidroga pide 31 años y 6 meses de prisión para el marcotraficante gallego y 9 años y 9 meses de cárcel para el abogado Boye.
- Te recomendamos -
