MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El Servicio Jesuita de Migrantes (SJM) ha urgido a transformar el sistema de cuidados en España para construir un modelo más “justo, equitativo y sostenible”. Así se desprende del informe ‘Cuidar con Derechos, Vivir con Dignidad’ elaborado por la entidad social con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Entre las recomendaciones que arroja el informe destaca la necesidad que el Estado promueva políticas que dignifiquen y reconozcan los cuidados como un derecho; facilitar la regularización y contratación de mujeres migrantes trabajadoras; o establecer incentivos y medidas de apoyo para familias empleadoras.
Este estudio aborda la realidad de las trabajadoras del hogar y los cuidados, una profesión ejercida mayoritariamente por mujeres migrantes. El informe busca generar propuestas que garanticen derechos desde una perspectiva amplia, “reconociendo la contribución de las mujeres migrantes al trabajo de cuidados e impulsando medidas para facilitar su contratación, regularización y acceso a condiciones laborales dignas”.
Además, el informe incorpora la perspectiva de las personas empleadoras, quienes desempeñan un doble papel como sujetos de derecho que requieren acceso a cuidados y como responsables de garantizar condiciones laborales justas.
“Consideramos que es esencial incluir su visión en el debate para mejorar las condiciones laborales en el sector y promover políticas públicas efectivas que atiendan las necesidades de ambas partes”, considera la organización que entiende que el Estado tiene un “rol clave” en la garantía de estos derechos y en el desarrollo de mecanismos de aplicación efectivos.
La investigación combina metodologías cuantitativas y cualitativas mediante la realización de cuestionarios a mujeres migrantes trabajadoras del hogar y los cuidados, entrevistas a personas empleadoras y profesionales del sector y análisis documental de fuentes bibliográficas secundarias.
El informe pone en evidencia que en España, el sistema de bienestar delega la responsabilidad del cuidado en las familias, una tarea asumida mayoritariamente por mujeres. “Esto perpetúa desigualdades de género y condiciones laborales precarias”, según el estudio.
Asimismo, se ha constatado “una precarización” del empleo del hogar y los cuidados, siendo un sector altamente feminizado, ocupado principalmente por “mujeres migrantes en condiciones de informalidad y vulnerabilidad, muchas veces sin garantía de sus derechos laborales y sociales”.
En un contexto de envejecimiento de la población y de un modelo productivo que no facilita la conciliación, según el estudio, la carga del cuidado recae sobre redes familiares cada vez más frágiles. La falta de apoyos estatales, autonómicos y regionales suficientes “agrava esta situación, siendo las mujeres migrantes quienes sostienen este déficit con su trabajo invisibilizado”.
Otro aspecto señalado por el SJM es que la complejidad de los trámites administrativos para la regularización de personas migrantes, “sumada a la falta de información sobre los procesos de contratación”, afecta tanto a empleadoras como a trabajadoras y “genera inseguridad jurídica, fomenta la informalidad laboral y alimenta la economía sumergida”.
Además, la falta de una definición clara de funciones, el carácter privado del espacio de trabajo y las deficiencias en la normativa “generan condiciones que favorecen la sobrecarga y, en algunos casos, la sobreexplotación de las trabajadoras del hogar y los cuidados”. “Esto conlleva un alto desgaste emocional y riesgos laborales no reconocidos oficialmente, como enfermedades musculoesqueléticas y afectaciones psicológicas, sin acceso adecuado a mecanismos de prevención y protección”, han añadido.
RECOMENDACIONES
Ante esta situación, instan al Gobierno a reconocer los cuidados como un derecho y promover políticas que permitan la sostenibilidad de la vida, la conciliación y el acceso a derechos laborales en el sector del hogar y los cuidados.
Exigen, además, modificar la normativa de extranjería para flexibilizar los requisitos de contratación y regularización de trabajadoras migrantes. Otra de las recomendaciones es la dignificación del empleo del hogar y los cuidados. En su opinión, “se debe diferenciar entre tareas de limpieza y cuidado, mejorar el acceso a formación, garantizar la protección social e implementar mecanismos que aseguren el cumplimiento de derechos laborales”.
Se recomienda, asimismo, establecer incentivos fiscales para las familias empleadoras, brindar asesoramiento sobre normativa laboral y reducir las barreras burocráticas para facilitar la contratación formal.
Finalmente, se considera fundamental implementar mecanismos de protección para trabajadoras del hogar, “garantizando su acceso a la seguridad social y el reconocimiento de enfermedades laborales” y se deben promover campañas que “visibilicen y revaloricen el aporte de las mujeres migrantes en el trabajo de cuidados, además de erradicar prácticas discriminatorias en la contratación y el trato hacia estas trabajadoras”.
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