MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
Sindicatos y organizaciones que trabajan por los derechos humanos han firmado un Pacto Social en el que piden un Pacto de Estado para proteger a los grupos vulnerables de los discursos de odio, ya que consideran necesario no “criminalizar, señalar, culpar, o estigmatizar” a estos colectivos, como han explicado en el acto de la firma celebrado este martes 21 de marzo en la sede de Fundación ONCE, en Madrid.
Con este pacto, se pretende informar a las víctimas de sus derechos y las herramientas que tienen para saber ejercerlos y defenderlos frente a dichos discursos e impulsar la acción desde el Estado para proteger a estos grupos, actuando desde todos los ámbitos, como el laboral, el sanitario o el educativo, entre otros.
“La sociedad civil lanza un reto a los partidos políticos e incide en cómo debe ser la sociedad más justa, mejor e inclusiva”, ha afirmado en rueda de prensa la vicepresidenta de la Fundación ONCE, Virginia Carcedo.
“La diversidad genera riqueza, no odio ni dificultad, ser diverso es reconocer la realidad, todas las personas somos distintas. Esta riqueza y singularidad se debe ver como algo positivo y no negativo, suma y multiplica talento y resultado, nadie se debe quedar atrás”, ha añadido.
La organizaciones que han firmado el Pacto Social son Fundación ONCE, CERMI, CESIDA, El Consejo de la Juventud de España, Red Acoge, Cear, Hogar Sí, la Fundación secretariado gitano, Comisiones Obreras, UGT, Chrysalis y la Fundación triángulo. En el acto han estado presentes representantes de PSOE, Más País, Izquierda Unida y la directora general de diversidad sexual y derechos LGTBI+ del Ministerio de Igualdad, Boti García Rodrigo, a quienes han trasladado el documento.
Los firmantes han alertado de que la convivencia social y los avances realizados hasta ahora en España están en “riesgo” por la emergencia en la esfera pública de discursos de odio contra grupos en situación de vulnerabilidad, así como discursos “políticos de señalamiento, de estigmatización, de culpabilización de problemas reales o imaginados” contra grupos que son señalados como “privilegiados”, en referencia a sus activistas.
“El señalamiento a la que estamos sometidas por parte de algunos políticos tienen un efecto horrible en nosotras, alimentan las agresiones poniendo en riesgo la convivencia social”, ha señalado al respecto la presidenta de la federación estatal LGTBI+, Eugenia Sangil Sánchez, presente en la firma.
En este sentido, ha hecho alusión al informe de delitos de odio del Ministerio del Interior, en el que se indica que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron en 2021 un total de 1.802 infracciones penales e incidentes de odio en España, 96 más que en 2019 (5,63%).
Por ello, los organizadores y los participantes de la firma –que recuerdan que la igualdad y la no discriminación son valores y derechos fundamentales de la Unión Europea (UE), consagrados en sus Tratados y en la Carta de los Derechos– proponen a los actores sociales y políticos del Estado, al Gobierno, a los partidos políticos y a los agentes sociales, entre otros, un Pacto social y político frente a los discursos de odio que estigmatizan y señalan a los grupos en situación de vulnerabilidad.
CAMPAÑAS Y ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN
El pacto contempla la elaboración de manuales y campañas de sensibilización a la sociedad contra los discursos de odio para detallar las herramientas que tiene la sociedad para luchar contra dichos discursos y la creación de una estrategia para la reducción de los discursos de odio en redes sociales, un “canal para propagar estos discursos”, según ha precisado la vocal de delitos de odio de la Federación Estatal LGTBI+, Laura González, que ha incidido en que “la educación es muy importante”. “La discriminación viene muchas veces por la ignorancia”, ha afirmado.
También se impulsarán medidas en el ámbito laboral como la promoción, tanto en el sector público como en el privado, de acciones de sensibilización y formación que desmonten los prejuicios frente a colectivos vulnerables en los que se sustentan los discursos de odio y la implementación del ‘Convenio 190 de OIT’ contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, entre otras medidas.
Además, contempla realizar un análisis estadístico de los discursos de odio y estudio anual del impacto individual y colectivo que tienen en las personas y en los grupos en situaciones de vulnerabilidad con el fin de establecer un criterio único para la recogida de datos y evitar criterios dispares con diferentes resultados.
Los firmantes reclaman un control de la aplicación de las herramientas jurídicas para proteger a estos colectivos, así como establecer cuándo se cruza la línea entre el discurso de odio y el delito de odio; abrir el debate sobre la revisión de los artículos 510 y siguientes del Código Penal para evitar que estos tipos penales se usen contra ellos; o controlar la aplicación real y efectiva de las leyes v/o herramientas jurídicas existentes que luchan contra la discriminación, en especial la oportunidad que abre la nueva Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, entre otras medidas.
“Necesitamos estar juntas y caminar unidas y enseñar a nuestras ciudadanas y ciudadanos que es posible trabajar y sumar y hacer vidas mejores. No nos van a callar ni meter en un cuarto, ni nos van a volver a mandar a campos de concentración o de trabajo, sino que vamos a estar de pie, orgullosas y con la mirada limpia para luchar por vidas mejores”, ha apostillado Sangil.
Por último, exigen una evolución y seguimiento del Pacto y la coordinación de la acción para evitar cualquier retroceso en derechos humanos de los colectivos en situación de vulnerabilidad. “Nuestra responsabilidad es estar señalando y creando una España mejor y respetuosa con la diversidad, estaremos ahí para que nuestro país se transforme y sea inclusivo con todas las diversidades”, ha concluido.
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