MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han valorado positivamente la aprobación en el Consejo de Ministros de este martes del real decreto de empleadas del hogar, pero CCOO ha señalado aspectos que se han quedado fuera de la normativa y UGT ha considerado que esta no debería haber incluido al colectivo de ayuda a domicilio, que cuenta con representación sindical y tiene acceso a la negociación colectiva.
En opinión de este sindicato, el desarrollo normativo de las condiciones laborales del colectivo de ayuda a domicilio tendría que haberse dejado en manos de la autonomía colectiva a través de la negociación entre las empresas y los sindicatos del sector. Por lo demás, ha considerado que el decreto es “un avance en la dirección correcta para proteger a un colectivo históricamente vulnerable a condiciones laborales precarias”.
Por su parte, CCOO ha señalado que el real decreto es una regulación “pionera y de justicia social” que supone un importante avance para un colectivo “discriminado históricamente, claramente feminizado e invisibilizado”. A su vez, ha recalcado que la regulación llega “tras una larga trayectoria de empuje y trabajo sindical” para lograr la equiparación de derechos con el resto de las personas trabajadoras.
Asimismo, el sindicato ha puntualizado que la normativa da cumplimiento a una obligación fijada en el real decreto-ley 16/2022, que pone fin a la exclusión de estas personas trabajadoras de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y reconoce el derecho a esta colectivo a la protección eficaz en el puesto de trabajo; así como a los compromisos asumidos con la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Tranajo (OIT) y la Estrategia Española de Seguridad y Salud 2023-2027.
Sin embargo, ha hecho referencia a aspectos que han quedado pendientes de la nueva normativa y en los que a su juicio hay que seguir avanzando, como la herramienta para la evaluación de riesgos, la elaboración y puesta en marcha del protocolo de actuación contra la violencia y acoso, la regulación específica de la realización de los reconocimientos médicos en el Sistema Nacional de Salud o abordar la utilización de plataformas digitales y las consecuencias que éstas suponen en términos de precarización de las condiciones laborales.
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