LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 (EUROPA PRESS)
El Seprona continúa desarrollando la ‘Operación Domos’, en la que se investiga a 136 personas por presuntos delitos contra la ordenación del territorio en Gran Canaria tras detectarse la proliferación de construcciones ilegales con fines residenciales, recreativos e industriales en suelos protegidos en municipios como Telde.
Esta investigación comenzó a principios de 2023 al observarse un incremento de construcciones en zonas donde está prohibido este tipo de uso y ahora los agentes de la Guardia Civil se encuentran inmersos en la fase de explotación de dicha operación, motivo por el que puntualizan a Europa Press que no pueden aportar datos, ya que podrían perjudicar los hechos que se investigan.
Si bien se conoce que el nuevo modus operandi que se encontró para la comisión de este tipo delictivo por parte de los principales promotores se centraba en adquirir fincas rústicas, en las que el uso está muy restringido por su protección medioambiental, a un precio relativamente económico, procediendo posteriormente a su segregación y parcelación perfectamente delimitadas.
Posteriormente estas eran vendidas a un precio mucho más elevado, con la falsa creencia de que las construcciones en esas parcelas quedarían legalizadas en el tiempo por prescripción.
Además, estos promotores llegaban al punto de facilitar a los compradores dotaciones de servicios como la construcción de manera conjunta de los cerramientos exteriores, colocación de portones de acceso a las sub parcelas e incluso gestionando la contratación de suministros de abastecimiento de agua de consumo humano utilizando a un instalador autorizado, falseando los boletines de instalación para obtener el suministro.
Por su parte, los nuevos propietarios sin contar con ningún tipo de licencia, procedían dentro de las sub parcelas que se adjudicaban, a la construcción de diferentes edificaciones de uso residencial, en su mayoría para segundas viviendas.
La Guardia Civil ha señalado que como consecuencia se crean núcleos poblacionales que no cuentan con los servicios mínimos necesarios, creando una problemática en la gestión de los residuos y accesos, no contribuyendo con el pago de los tributos urbanos para el mantenimiento de estos servicios, lo que causa un perjuicio en contra de los propietarios de las viviendas legalmente establecidas que pueden ver mermados sus servicios y calidad de vida.
En el marco de esta investigación, según ha informado el periódico regional Canarias 7 y recoge Europa Press, estaría el nombre del exalcalde de Telde Héctor Suárez, por su etapa de mandato entre 2021 y 2023, en la que ejerció de edil de Urbanismo y Aguas e impulsó el proyecto de llevar agua de abasto público a casas fuera de ordenación, algunas de ellas fruto de reparcelaciones ilegales en suelo rústico, situadas en diversos diseminados del municipio.
- Te recomendamos -
