MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
Después de la elaboración de un primer informe en julio de 2022 que evidenciaba la inexistencia de un déficit contable en el Banco Popular a fecha de junio de 2015, el inspector en excedencia del Banco de España y asesor senior del FMI, José Antonio Iturriaga Miñón, ha vuelto a recalcar “la total transparencia” mostrada por la entidad en sus comunicaciones durante el proceso de captación de accionistas en la ampliación de capital de 2016.
Esta es una de las principales consecuencias de Iturriaga Miñón en una última ampliación de su pericial, en la que también destaca “la claridad” tanto en las informaciones públicas descritas en las cuentas anuales como en las remitidas posteriormente a los organismos supervisores.
Iturriaga Miñón concluye en su nuevo escrito que el folleto de la ampliación de capital de 2016 se avanzaba “repetida y adecuadamente” que en las cuentas anuales de ese ejercicio se iban a dotar provisiones adicionales “muy significativas” –incluyendo las previstas en activos adjudicados– y que se iba a incurrir “en pérdidas contables elevadas”. Por este motivo, y ya que eran conocedores de que dichas provisiones se iban a llevar a cabo, los inversores disponían entonces “de toda la información necesaria a la hora de decidir si acudían o no a la ampliación de capital”, tal y como se extrae de este nuevo documento.
La ampliación del informe de Iturriaga Miñón hace alusión a su vez a la “claridad” en la respuesta del Banco Popular a una solicitud de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con motivo de la revisión de las cuentas anuales de 2014 y al buen hacer de la entidad en la descripción de su política contable. Esta información pública, descrita en sus cuentas anuales, “demuestra”, a su entender, que tanto el Banco Central Europeo como el propio Banco de España conocían “perfectamente” el criterio aplicado por la entidad en la valoración de activos adjudicados.
Por tanto, a juicio del asesor sénior del FMI, ambos organismos habrían considerado “adecuada” la aplicación de la Circular 4/2004 al no haberse efectuado requerimiento alguno de información correspondiente a los ejercicios de 2014 y 2015.
ANTECEDENTES
La redacción de este escrito a cargo de Iturriaga Miñón se ha producido a raíz de la última declaración de sus colegas en activo del Banco de España Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández ante el juez instructor del ‘caso Popular’, José Luis Calama. En esta comparecencia ante el magistrado de la Audiencia Nacional, los peritos judiciales ratificaron la ampliación al informe del año 2019, que había concluido que Banco Popular era una entidad solvente.
A pesar de volver a subrayar que a finales de 2015 la entidad cumplía con la normativa internacional financiera (NIIF) en vigor, los inspectores del Banco de España tuvieron que recalcular en este nuevo informe ampliatorio –a petición del juez Calama y del ministerio fiscal– los activos y del déficit del Banco Popular en el citado ejercicio partiendo de la aplicación con efectos retroactivos de los criterios contables recomendados a raíz de la entrada en vigor de la Circular 4/16 el 1 de octubre de 2016. Un escenario, basado en la simulación, que la defensa del expresidente Ron ya ha denunciado que “no se ajusta a la legalidad”, y que tal y como expuso Iturriaga Miñón en su pericial supone una “incorrección absoluta”.
Precisamente, este fue uno de los argumentos del primer informe firmado por el asesor del FMI, que ratificaba “las conclusiones del primer informe pericial del Banco de España del 8 de abril de 2019” según el cual la resolución de Banco Popular se produce como consecuencia de una “crisis de liquidez”, al no disponer de dinero en caja ni de bienes fácilmente canjeables, “y no de solvencia”, al carecer la entidad de deudas.
En esta misma pericial, el asesor del FMI también puntualizó en lo referente a la aplicación de los nuevos estándares contables que fue el BCE el que, a raíz de una inspección prudencial (OSI) sobre las refinanciaciones del Banco Popular, requirió en noviembre de 2016 “un plan para su registro”, una vez que la normativa contable en España se había adaptado “a requisitos y criterios más exigentes sobre refinanciaciones”. En este sentido, el Consejo de Administración presidido entonces por Ron diseñó este plan –denominado Sunrise– para solventar las debilidades detectadas, que jamás llegó a ser implementado por su sucesor, Emilio Saracho.
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