MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) considera que el esfuerzo por avanzar hacia un “derecho efectivo” a la vivienda resulta “fallido e incluso contraproducente” en la nueva Ley de Vivienda.
En un análisis del proyecto de Ley de Vivienda realizado por el director adjunto de Fedea, Ángel de la Fuente, el organismo advierte de que la apuesta que hace la norma por algunos instrumentos “sólo agravará la insuficiencia de la oferta de vivienda en alquiler”.
“El mismo efecto tendrá el debilitamiento de los derechos de propiedad sobre ciertos bienes inmuebles que se desprende del texto”, sostiene Fedea.
Su director adjunto señala en este análisis que, aunque el proyecto de ley reitera la disposición constitucional en la que se establece el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, “no se trata de un derecho bien delimitado y directamente exigible, sino de algo que entraría en el ámbito de los llamados principios rectores que han de guiar la actuación de los poderes públicos”.
“Con la nueva ley o sin ella ningún ciudadano puede exigir a las administraciones públicas que le faciliten una vivienda de ciertas características en un plazo determinado y a un precio inferior a un porcentaje dado de sus ingresos, pero tales administraciones están obligadas a trabajar para facilitar el acceso a la vivienda de los ciudadanos, y especialmente de las personas con menos recursos”, explica Fedea.
Así, de acuerdo con la Ley de Vivienda, Fedea señala que el derecho a la vivienda se concreta fundamentalmente en el derecho de los ciudadanos a inscribirse como demandantes de vivienda protegida y de acceder, en su caso y de acuerdo con la normativa relevante, a las prestaciones, programas y ayudas públicas en materia de vivienda que puedan establecerse.
Según De la Fuente, el grueso del texto se dedica a regular las políticas públicas que deben hacer efectivo el derecho a la vivienda, entre ellas la creación y gestión de parques públicos de vivienda, las ayudas y subvenciones al alquiler, compra o rehabilitación de viviendas, los incentivos fiscales y las medidas de colaboración con entidades privadas o entre administraciones públicas, incluyendo la cofinanciación por el Estado de los planes autonómicos de vivienda.
Para Fedea, la apuesta que hace la ley por potenciar los parques públicos de vivienda en alquiler, por mantener y reestructurar en parte los incentivos fiscales a la puesta en alquiler de la vivienda privada y por desincentivar el mantenimiento de viviendas desocupadas mediante la imposición de recargos sobre el IBI, pueden “ayudar a aliviar en algún grado el acuciante problema de escasez de vivienda”.
Sin embargo, critica Fedea, el proyecto de ley dedica una especial atención a una serie de instrumentos de política “que tendrán con toda seguridad efectos adversos sobre la oferta privada de alquiler, agravando por tanto los problemas que en principio se busca resolver e incumpliendo de paso el propio mandato de la ley de fomentar la oferta”.
Entre estos instrumentos, Fedea cita la introducción de medidas de control de alquileres en áreas consideradas “tensionadas” por las administraciones locales o regionales, la imposición de límites generales a la actualización anual de los alquileres por debajo del IPC y de prórrogas “forzosas” tras la expiración de los contratos, así como la aprobación de ciertas disposiciones “que dificultan la recuperación de los inmuebles por sus propietarios” en casos de impago u okupación.
“Todas estas medidas rebajan la rentabilidad de la inversión en vivienda destinada al alquiler o incrementan su riesgo, reduciendo por tanto su oferta inmediata y futura mediante la retirada de inmuebles del mercado y una menor inversión para incorporar otros nuevos. A esto hay que añadir la inseguridad jurídica asociada con una parte especialmente delicada del proyecto de ley, en la que se introducen ciertos límites y deberes asociados con la propiedad de la vivienda”, denuncia Fedea.
A su juicio, algunas disposiciones de la norma podrían interpretarse de una forma que permita a las administraciones “imponer obligaciones poco razonables a los propietarios”, incluyendo la de alquilar sus inmuebles a precios inferiores a los de mercado, o incluso expropiar tales inmuebles, “como ya se ha anunciado en Cataluña”.
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