MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
El responsable de Estudios de la patronal Cepyme, Diego Barceló, destacó este martes la “fuerte” subida de costes que conllevaría la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, pues se situaría por encima de los 40.000 millones de euros, una cantidad superior a la recaudación anual del impuesto de Sociedades.
Barceló puso esta cifra sobre la mesa durante la jornada ‘La productividad de la pyme’, celebrada por Cepyme este martes, en la que su presidente, Gerardo Cuerva, sostuvo que una reducción de la jornada laboral que ignore la marcha de la productividad y la negociación colectiva sería perjudicial para las pymes españolas.
Según el presidente de la pequeña y mediana empresa, la productividad de la pyme en estos momentos se ve “amenazada” por algunas reformas que está adoptando el Gobierno, justo cuando este indicador acumula cinco trimestres consecutivos de caídas y la productividad se encuentra todavía un 2% más baja que en 2015.
Cuerva remarcó que “el diálogo social ha sido el antídoto frente a medidas populistas y cortoplacistas”. Por eso, subrayó la necesidad de recuperar en España un diálogo social “leal y sincero”.
Por su parte, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, ensalzó la capacidad de acuerdo de los interlocutores sociales españoles, así como el papel crucial de la productividad en las economías. “La riqueza de un país y el bienestar de sus ciudadanos a largo plazo depende de la productividad”, indicó.
Apuntó también Costas que el Diálogo Social es una palanca extraordinaria para avanzar en términos de competitividad, amén de calificar a este espacio negociador como “un patrimonio intangible, un activo inmaterial” por el que hay que velar. “No encuentro ningún otro país desarrollado que haya tenido la capacidad de acuerdo de este país a través de los interlocutores sociales”, zanjó.
Por su parte, el director de Coyuntura Económica de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), Raymond Torres, tiró de experiencia internacional para relatar cómo la reducción de jornada precisa de elementos graduales, flexibilizadores o compensatorios, como la bajada de cotizaciones sociales.
Posteriormente, el presidente de Arinsa, Fabián Márquez, lamentó que la política del Gobierno haya convertido en prescindibles muchos convenios, ya que medidas como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) han “invalidado extremos pactados por los agentes sociales”. Por todo ello, defendió un Diálogo Social basado en la representatividad real.
Durante el coloquio ‘La productividad de la pyme y el impacto de la reformas’, los ponentes pusieron en valor los elementos que apuntalan la productividad y el crecimiento económico. El director de Economía y Políticas Sectoriales de Cepyme, Francisco Vidal, señaló que la reducción de una jornada laboral a 37,5 horas semanales supondría una reducción del 2% de las horas trabajadas.
El economista Javier Santacruz abundó en este sentido, indicando que perder horas trabajadas significa dilapidar valor añadido, crecimiento económico y, por tanto, empleo.
Por su parte, el director de Desarrollo de Negocio, Previsión Social Empresarial de Mapfre Vida destacó la existencia de elementos generadores de productividad sin costes añadidos.
Finalmente, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, resaltó las “importantes caídas de productividad que padece nuestro tejido productivo, dentro de un entramado regulatorio y burocrático demasiado pesado”. Vieites afeó el hecho de que se aprueben normas sin consenso de los interlocutores sociales y criticó la creciente incidencia del mayor absentismo sobre las horas de trabajo y el alza de costes laborales derivada del coste de reemplazo.
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