MADRID, 19 (SERVIMEDIA)
La demanda actual de viviendas por parte de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo exigiría la creación de un parque de vivienda social de al menos 4.000 pisos para ser satisfecha, según estimaciones de la confederación Plena inclusión España.
En una nota de prensa denunció que “las dificultades de acceso a la vivienda, sobre todo en las grandes ciudades, hacen prácticamente imposible el tránsito de las personas con más necesidades de apoyo a vivir en comunidad”.
Su presidenta , Carmen Laucirica, exigió al actual Gobierno una mayor sensibilidad ante esta demanda social, justo en la semana en la que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, han anunciado que el Gobierno pondrá a disposición de la ciudadanía un total de 93.000 viviendas sociales o con alquileres asequibles.
“La vivienda y los apoyos para la vida independiente son el futuro de los sistemas de servicios sociales”, afirmó la entidad. Por ello, “la Ley de Vivienda y la revisión del Sistema de Dependencia deben articular apoyos personalizados en comunidad, flexibles y suficientes en viviendas que cuenten con las condiciones exigibles de accesibilidad cognitiva”, reclamó Laucirica.
Según Plena inclusión, este avance debería completarse con el correspondiente desarrollo normativo para generalizar dicho derecho. Subrayó que “la aspiración de la mayoría de estas personas se proyecta en una vida independiente, tanto entre aquellas que tienen grandes necesidades de apoyo como entre quienes no las presentan”.
El proyecto ‘Mi Casa, una vida en comunidad’, financiado por la Unión Europea y patrocinado por el Gobierno español dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia y la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización, está validando nuevas soluciones de apoyo que promueven la vida independiente, la inclusión comunitaria y la contribución social de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Para la presidenta de Plena inclusión España, “una verdadera sociedad inclusiva, donde se promueva un nuevo enfoque sobre la política de los cuidados debe hacerse posible en un espacio comunitario en el que todas las personas puedan desarrollar vidas elegidas”.
“La exclusión residencial del colectivo de la discapacidad intelectual y del desarrollo es un problema que debe ser abordado en la Ley de Vivienda, haciendo efectivo el derecho a la vivienda y reduciendo las listas de espera”, concluyó.
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