MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha expuesto este viernes sus “crecientes preocupaciones” por las medidas adoptadas en Nicaragua para “silenciar” a la disidencia, y que sólo en mayo se han traducido en al menos 63 detenciones “arbitrarias”, con medidas además contra dirigentes y entidades vinculadas a la Iglesia católica.
La portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Marta Hurtado, ha reclamado el cese de esta represión y la “inmediata” excarcelación de todos los presos políticos, así como la reapertura de todos los medios y organizaciones cerrados desde las protestas de 2018. Más de 3.200 organizaciones han sido ilegalizadas desde mediados de 2022.
Para la ONU, cualquier solución pasa por el diálogo, la rendición de cuentas y “reformas institucionales y legislativas” que permitan “restaurar el Estado de Derecho”, hipótesis todas ellas a las que siempre se ha negado el Gobierno de Daniel Ortega. Naciones Unidas se ofrece a ayudar, para lo cual pide en primer lugar acceso al país –“sería un paso importante”, en palabras de Hurtado–.
La organización cita entre los ejemplos de los aparentes abusos que en una sola noche 55 personas fuesen imputadas por conspirar contra la integridad nacional y difundir noticias falsas, cargos que “aparentemente se están utilizando para silenciar las críticas”. Además, ninguna de estas personas pudo elegir su abogado.
Uno de los focos de represión durante estos últimos años gira en torno a la Iglesia. Esta semana, tres monjas fueron expulsadas de Nicaragua y otras tantas quedaron recluidas dentro de su convento, si bien uno de los casos más simbólicos es el del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, que cumple una condena de 26 años de cárcel y permanece recluido sin recibir visitas y sin las adecuadas medidas de higiene o saneamiento, según la ONU.
Hurtado ha recordado que el Gobierno nicaragüense “ha acusado a la Iglesia de ser una organización internacional que apoya lo que cataloga de ‘terrorismo’ y la desestabilización del país”. La Iglesia fue también clave en las protestas de 2018, consideradas el punto de inflexión de la actual escalada represiva.
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