MADRID, 31 (SERVIMEDIA)
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, afirmó este viernes que, a 30 de enero, se habían estabilizado -transformado de temporales en fijas- un total de 332.603 plazas de empleo público.
Esta estabilización, indicó el ministro durante su comparecencia en la comisión de Función Pública del Senado, ha afectado en gran medida al sector docente y sanitario. “Mantenemos el compromiso pactado con la Unión Europea, a la que le prometimos que íbamos a estabilizar 300.000 profesionales antes de finalizar 2024”, recordó.
También aseguró que, gracias al impulso de Plan de Recuperación, han convocado un total de 502.872 plazas de las 540.000 ofertadas por todas las administraciones públicas.
Asimismo, anunció que en marzo se lanzará una convocatoria con carácter de urgencia de más de 1.000 plazas de funcionarios habilitados nacionales para cumplir las funciones de secretarios, interventores y tesoreros en distintos ayuntamientos de España. Respecto a esta convocatoria, indicó que la comunidades autónomas que lo soliciten podrán realizar ellas mismas las pruebas de acceso y cursos selectivos.
El ministro también informó de que Sanidad ha convocado 11.934 plazas de formación sanitaria especializada -2,9% más-, lo que hace que supere otro récord en la oferta de plazas de Médico Interno Residente (MIR) y apuntó que el Ministerio de Defensa hizo pública esta semana una oferta con 4.492 plazas de tropa y marinería. Otros de los anuncios realizado a este respecto es que se ha elevado hasta el 10% la reserva de empleo público para personas con discapacidad.
“Sumando estos y otros procesos, estamos en condiciones de afirmar que España nunca había convocado tantas plazas públicas en tan poco tiempo”, aseguró López, quien comparó el “desmantelamiento” de la administración pública emprendido por Donald Trump y Elon Musk en Estados Unidos frente a la apuesta de España por la administración pública.
APROVECHAR EL MOMENTO
Para López, este el momento de aprovechar que España es “la locomotora de Europa” para impulsar “la función pública del futuro”. En esta línea, indicó que va a trabajar para paliar déficits perennes que han hecho que España tenga una tasa de empleados públicos dos puntos inferior a la media de la OCDE. “La administración siempre está para quien lo necesita, debemos defender y propulsar la fuerza de lo público”, recalcó.
También mencionó la importancia de llegar a un acuerdo de país en materias como la transparencia o el buen gobierno, algo que consideró “vital” para defender a la sociedad de la polarización y el ‘tecnofeudalismo’. “Ante la antipolítica, más transparencia”, subrayó.
En esta línea, informó de que el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley de Administración Abierta en la segunda mitad de 2025 para ampliar las obligaciones del Estado en materia de transparencia, rendición de cuentas semestral y participación ciudadana, y recordó que este martes el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Transparencia y de Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, conocida popularmente como ‘Ley de lobbies’.
ESFUERZOS PARA DIGITALIZAR
En materia de digitalización, recordó que la Administración ha invertido 6.000 millones en digitalizar organismos como el Servicio Estatal Público de Empleo (Sepe) y puso sobre la mesa proyectos como la integración de la IA en empresa públicas como Red.es, que le permiten tramitar una solicitud en menos de tres minutos o la centralización de contratos de servicios digitales, que ha ahorrado a España 60 millones de euros. “Según Naciones Unidas, somos la decimocuarta administración mejor conectada del mundo”, señaló.
También destacó los 44 millones de accesos a la carpeta ciudadana y los más de 14 millones de llamadas atendidas por el número de información telefónica 060. Sobre este último, recalcó la agilidad y la transparencia con la que ha atendido a los afectados por la dana.
CATALÁN Y CITA PREVIA
El senador del Grupo Parlamentario Izquierda por la Independencia Joan Josep Queralt preguntó al ministro por aquellos ciudadanos que tratan de dirigirse a funcionarios de la administración pública en lenguas como el catalán o el gallego y son tratados de manera descortés, ante lo cual López le recordó el esfuerzo emprendido por el Gobierno en pos de las lenguas oficiales.
Queralt también pidió un esfuerzo para agilizar trámites o mejorar el sistema de cita previa. Respecto a este sistema, la senadora del Grupo Popular Rocío Dívar lamentó que esto sea un déficit arrastrado de la “catastrófica” gestión de la pandemia.
La senadora popular, quien criticó que el ministro acudiese a la comisión del ramo con tanta tardanza -168 días después de ser nombrado-, criticó la falta de colaboración de López con el resto de grupos y otros sindicatos de función pública y lamentó las últimas modificaciones en las pruebas de acceso a la función pública, que, en su opinión, priman los criterios subjetivos frente al conocimiento y eliminan pruebas como el examen oral.
También pidió a López que defienda a los empleados públicos de la judicatura frente a las insinuaciones de otros ministros en las que se afirma que son una élite de privilegiados y que acceden a ese puesto por sus mejores condiciones económicas y le pidió mayor control sobre los nombramientos arbitrarios.
Asimismo, se mostró crítica con las medidas respecto a los habilitados. “Las medidas que están tomando ustedes son contrarias a la Ley de Bases del Régimen Local”, indicó Dívar, quien afirmó que dar la posibilidad de establecer convenios con la comunidades autónomas es “un pago a los socios de Gobierno”.
Por último, se mostró en contra de la creación de una Agencia Tributaria Catalana. “Los funcionarios no somos intercambiables”, lamentó Dívar, quien pidió al ministro que estudie la posibilidad de adelantar la posibilidad de atrasar voluntariamente la edad de jubilación de los funcionarios públicos hasta los 72 años.
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