MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y el Ministerio de Hacienda y Función Pública han suscrito un convenio para la identificación y reducción de cargas administrativas que afectan a las personas con discapacidad y sus familias y su reducción en el bienio 2023-2024.
Así consta en la Resolución de 7 de junio de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública publicada este sábado en el BOE, según la cual el convenio persigue “seguir avanzando” en la línea de trabajo “colaborativo” entre ambas partes, “asegurando más efectivamente la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la emancipación social” de las personas con discapacidad a través de la identificación y planteamiento de propuestas “concretas” de reducción de cargas administrativas.
En concreto, el objeto del convenio es establecer los términos de la colaboración entre el Ministerio y el Cermi para la identificación de cargas administrativas que afecten al colectivo de personas con discapacidad y sus familias, la elaboración de propuestas de simplificación y mejora de los servicios prestados por la Dirección General de Gobernanza Pública a la ciudadanía y cualquier otra temática que establezcan las partes, mediante el oportuno acuerdo de la Comisión de Seguimiento del convenio.
Para la elaboración de las propuestas concretas de reducción de cargas y simplificación administrativa, serán documentos de referencia la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Por lo que respecta a las actuaciones a emprender por el Cermi para el cumplimiento del objeto del convenio, realizará propuestas para la reducción de cargas administrativas en los sectores y procedimientos seleccionados como “prioritarios”.
En este sentido, el Cermi asume el compromiso de analizar e identificar las cargas administrativas que sean susceptibles de ser “eliminadas y reducidas”, así como de la formulación de las propuestas de “simplificación” administrativa que resulten “pertinentes”. Dichas propuestas irán acompañadas de la correspondiente estimación del ahorro que generarían aplicando el Método Simplificado de medición de cargas administrativas, normativa a modificar y órgano competente y se acompañarán de la memoria explicativa correspondiente.
“IMPULSO Y MEJORA”
Para la identificación de trabas y la concreción de las propuestas, el Cermi diseñará propuestas de simplificación administrativa y de mejora en la regulación que afecta a las personas con discapacidad, orientadas a “eliminar las barreras burocráticas existentes”. “Dichas propuestas serán concretas y contrastadas e irán destinadas a contribuir en el impulso y mejora de la relación de las personas con discapacidad con la Administración”, según el texto.
Para la elaboración de las propuestas, se realizará una revisión documental y un análisis de fuentes secundarias, así como una consulta a personas con discapacidad y a entidades del entorno Cermi con el fin de identificar medidas que permitan reducir cargas administrativas relacionadas con las personas con discapacidad y, a partir de dicha información, se elaborarán fichas identificativas y descriptivas sobre las cargas.
Durante la vigencia del convenio, el Cermi podrá disponer de un consultor externo y, en su caso, un equipo multidisciplinar y podrá organizar encuentros y jornadas con su colectivo y entidades asociadas, para permitir a la Administración un “conocimiento directo de sus necesidades, impresiones y valoraciones”.
Asimismo, el Cermi aportará la información y documentación en el formato que la Administración le indique con el fin de establecer una base de datos de propuestas de reducción de cargas y simplificación que facilite el seguimiento de las mismas.
Con carácter general, se llevarán a cabo iniciativas de difusión sobre las actividades realizadas en el ámbito del convenio, estudio e intercambio de información entre las partes firmantes, diseño y recopilación de información, contraste de iniciativas e implantación de actuaciones de la Administración General del Estado sobre mejora de la regulación y reducción de trámites administrativos, así como a la consolidación de la comunicación e intercambio de información entre el Ministerio y el Cermi.
Junto a ello, el convenio prevé la posibilidad del desarrollo de foros de estudio para la reducción de cargas administrativas y simplificación de procedimientos que Hacienda podría promover para “fomentar la implicación” de los órganos gestores y expertos de los sectores afectados y en el que el Cermi podría participar, directamente o a través de la designación de representantes con experiencia en la materia de que se trate.
HABRÁ SEGUIMIENTO
Por su parte, el Ministerio prestará asesoramiento y asistencia sobre simplificación administrativa y reducción de cargas administrativas para ciudadanos y empresas, así como sobre el Método Simplificado de medición de cargas administrativas, hará seguimiento de los trabajos realizados por la organización y establecerá la convocatoria para la constitución de la Comisión de Seguimiento.
Junto a ello, se encargará de la remisión de las propuestas presentadas por la organización a los departamentos ministeriales competentes y elaborará un informe de seguimiento con las valoraciones de los Departamentos, que será remitido al Cermi.
El coste total de la financiación de las actividades derivadas de la suscripción del convenio es de 37.700 euros y dicho importe será repartido en dos anualidades de 18.850 euros.
El Ministerio se compromete a financiar dicho coste con una aportación de 34.800 euros, repartido en dos anualidades de 17.400 euros cada una y el Cermi aportará a dicha financiación 2.900 euros, repartidos en dos anualidades de 1.450 euros cada una.
Por lo que respecta a la realización de las actividades relativas a las propuestas para la reducción de cargas administrativas, recopilación, análisis y presentación de propuestas de reducción de cargas, la fecha límite será el 20 de noviembre de cada ejercicio.
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
El convenio será administrado por una Comisión de Seguimiento, formada por dos representantes de la Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio y por dos representantes del Cermi y estará presidida por la persona titular de la Dirección General de Gobernanza Pública o funcionario en quien delegue.
Esta Comisión llevará a cabo el seguimiento, vigilancia y control del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes y resolverá todas las incidencias o controversias que puedan surgir sobre la interpretación, resolución y efectos de este convenio.
El plazo de vigencia del convenio se extiende hasta el 31 de diciembre de 2024 y antes de su finalización, previo acuerdo de las partes, los firmantes podrán acordar la prórroga del convenio, por un plazo máximo de dos años y la modificación de su contenido requerirá acuerdo unánime de los firmantes.
En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el convenio por alguna de las partes, la otra deberá comunicarlo a la Comisión de Seguimiento, que decidirá sobre las actuaciones a llevar a cabo y, en el caso de persistir el incumplimiento se entenderá resuelto el convenio.
La resolución del convenio por esta causa no dará lugar a indemnización, si bien las partes se comprometen a resolver de mutuo acuerdo las incidencias que puedan surgir en la interpretación o ejecución del presente convenio.
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