MADRID, 12 (SERVIMEDIA)
El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) acordó este viernes la regulación de la figura del asistente personal, el reparto de la financiación para el nivel acordado en dependencia y una propuesta para el reparto autonómico del 0,7%.
Según informó el Ministerio de Derechos Sociales, el órgano que reúne al Gobierno y a las comunidades definió y estableció las condiciones básicas de la figura del asistente personal, una reivindicación histórica de muchas personas en situación de dependencia y de las organizaciones de personas con discapacidad.
De acuerdo con lo pactado, podrán acceder a esta asistencia las personas con una situación de dependencia reconocida en cualquiera de sus grados, siempre que tenga tres años o más y que requiera apoyos para desarrollar su proyecto de vida.
En cuanto a las personas que presten servicios de asistencia personal, no podrán ser cónyuges o parejas de hecho o pariente por consanguinidad hasta el cuarto grado de parentesco. Estarán habilitados para trabajar como empleados a través de una empresa acreditada o como profesionales autónomos con la acreditación de la administración competente.
Respecto a la cualificación, se acordó solicitar al Instituto Nacional de las Cualificaciones (Incual) la regulación de un certificado de profesionalidad específico para la asistencia personal.
Sobre las cuantías, serán aquellas establecidas en el real decreto 20/2012 del 13 de julio, sin perjuicio de que puedan ser incrementadas por la administración competente mediante su financiación.
FINANCIACIÓN DEPENDENCIA
A su vez, el Consejo Territorial también acordó definitivamente el reparto de más de 783 millones de euros para la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que autorizó el Consejo de Ministros el pasado 3 de mayo.
Esta financiación tiene como objetivo agilizar la gestión del sistema, mejorar las condiciones laborales del sector y facilitar la transición del sector hacia un modelo de cuidados que centre la atención en la persona.
Los 783 millones del nivel acordado se distribuirán en dos partidas: la primera de ellas de 583 millones se repartirá en base a los criterios de cumplimiento del plan de choque; y la segunda de ellas, de 200 millones, tiene como objetivo al despliegue del Acuerdo y Calidad de los Centros y Servicios del SAAD.
De este modo, las comunidades podrán disponer de un máximo de financiación para su sistema de dependencia, especialmente cuando desarrollen líneas de actuación que persigan los criterios del conocido como ‘Nuevo modelo de Residencias’.
Las cuantías que podrían llegar a percibir cada comunidad autónoma son los siguientes: Andalucía (163,3 millones), Aragón (33,6), Asturias (21,7), Baleares (17,3), Canarias (26,1), Cantabria (24), Castilla y León (104), Castilla-La Mancha (47,6), Cataluña (110), Comunidad Valenciana (75,5), Extremadura (26), Galicia (31,8), Comunidad de Madrid (69), Región de Murcia (14,9), La Rioja (16,8), Ceuta (232.958,69 euros) y Melilla (248.616,57 euros).
0,7% DEL IRPF
Otra de las cuestiones que formaron parte del orden del día del Consejo Territorial ha sido la propuesta de distribución por parte de Derechos Sociales a las comunidades del tramo autonómico de distribución del 0,7% del IRPF y el Impuesto sobre Sociedades para destinarlos a subvenciones a actividades de interés social.
Este año se distribuirá lo correspondiente a lo recaudado en el ejercicio 2021 que asciende a 425.768.828 euros, según lo comunicado por la Agencia Tributaria. De esa cifra, a Derechos Sociales le corresponde 330.907.533 euros, un 77,72% del total.
En cuanto al Impuesto de Sociedades, la liquidación correspondiente al 0,7% ascendió hasta 45.123.157 euros, de los que el 77,72% del total también se destinará a Derechos Sociales.
Los fondos a recibir por las comunidades han crecido hasta un 80% del total, asignándose el otro 20% para las subvenciones a entidades sociales de ámbito estatal.
Las comunidades autónomas recibirán un total de 395.300.789 euros, un 14,41% más, distribuidos de la siguiente manera: Andalucía (57 millones), Aragón (10), Asturias (10,1), Baleares (6,3), Canarias (15,5), Cantabria (4,2), Castilla y León (22,8), Castilla-La Mancha (15,3), Cataluña (37,4), Comunidad Valenciana (28), Extremadura (9,2), Galicia (30,3), Comunidad de Madrid (30,9), Región de Murcia (10,1), La Rioja (3), Ceuta (2,3) y Melilla (2,3). Este reparto tendrá que ser ratificado en Consejo de Ministros.
Por otro lado, el Consejo Territorial aprobó definitivamente la propuesta de distribución de 198.704.000 euros entre las comunidades autónomas, a excepción de Navarra y País Vasco, para la protección de las familias, combatir la pobreza infantil y desarrollar prestaciones básicas de los servicios sociales.
Del mismo modo, las comunidades concretaron el reparto de dos millones de euros para atender las necesidades de las personas gitanas más desfavorecidas y promover el desarrollo y la inclusión de este colectivo.
Por último, Derechos Sociales compartió con las comunidades las medidas para poner en marcha un ‘Escudo Climático’ para proteger a las personas más vulnerables ante situaciones de calor extremo.
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