MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El proyecto LATAMDIS, el primer medidor en línea de cumplimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad en Latinoamérica, se ha extendido en Brasil en su tercera fase, que ha concluido con una presentación institucional virtual en la que se han expuesto los resultados obtenidos tras el análisis de los artículos 12 y 13 relativos al ejercicio de la capacidad jurídica y derecho de acceso a la justicia, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Brasil.
En un evento organizado por la Fundación Derecho y Discapacidad (FDyD) con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, se ha explicado que en esta tercera fase de LATAMDIS se ha dado continuidad al proyecto ampliando su alcance geográfico al país de Brasil.
Concretamente, esta fase ha consistido en el desarrollo de indicadores estructurales de proceso y de resultado; y banco de datos para los derechos recogidos en los artículos 12 y 13 de la CDPD, “ejercicio de la capacidad jurídica” (artículo 12) y “derecho de acceso a la justicia” (artículo 13) del mencionado país.
El acto ha sido presentado por el presidente de la Fundación Derecho y Discapacidad (FDyD) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, quien ha mostrado “la voluntad de construir una comunidad jurídica de conocimiento y acción en el ámbito latinoamericano, junto con España y Portugal que tenga por bandera la protección de las personas con discapacidad”.
Pérez Bueno ha anunciado la intención de próximas ediciones que se darán en función del financiamiento con el que cuenten y también del “apoyo público del Estado español a esta iniciativa”. “Este medidor quiere servir a la academia y al activismo, para denunciar y tener información que nos permita señalar las debilidades de nuestro sistema de protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad”, ha destacado.
Tras la inauguración, en una mesa moderada por la comisionada de Estudios para América Latina, Agustina Palacios, se ha procedido a la presentación de la herramienta y de su contenido impartido por la doctora en Derecho por la Universidad Federal de Pernambuco, Joyceane Menezes, y por la doctora en Derecho, Luana Adriano. Respectivamente, han realizado un análisis de los indicadores estructurados del artículo 12 y del artículo 13.
Menezes ha detallado la metodología y estrategia que se ha aplicado, un proceso en el que se ha encontrado dificultades como la ausencia de respuestas, desarmonía entre los códigos usados para tratar informaciones jurídicas, y la inexistencia de monitoreo por parte del Ejecutivo.
“Es necesario afrontar estos desafíos con enfoques integrales y colaborativos para conseguir que la capacidad jurídica y el acceso a la justicia para las personas con discapacidad sea más accesible y transparente para la población y para el propio poder público”, ha reclamado.
Por su parte, Luana ha dado algunas recomendaciones, entre ellas aplicar un mecanismo de seguimiento de datos. “Es imprescindible implementar mecanismos que permitan un acceso transparente a informaciones sobre capacidades civiles y acceso a la justicia”, ha considerado, además de proponer la revisión de curatelas y una mayor inclusión en el poder judicial.
Asimismo, ha concretado los próximos pasos a llevar a cabo, entre ellos, la presentación de los datos para la sociedad civil, seguir demandando a los órganos que no respondan, y seguir dialogando con los organismos que aún no han proporcionado información, así como la difusión de dados por medios escritos.
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