LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 31 (EUROPA PRESS)
La Guardia Civil de Las Palmas ha investigado el 18 de mayo a dos personas, de entre 37 y 41 años, sin antecedentes policiales, por cometer presuntamente un delito de riesgo, salud pública y contra el derecho de los trabajadores por almacenar en un trastero productos químicos con pictogramas de peligro, tales como insecticidas, desinfectantes, protectores de madera, entre otros, sin tener las características específicas para su almacenamiento en Las Palmas de Gran Canaria.
Los investigados son un administrador y un técnico de una empresa dedicada a realizar trabajos de sanidad ambiental y control de plagas, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.
Los hechos se remontan a noviembre de 2022 cuando agentes de la Guardia Civil conocieron, a través de una denuncia, que una empresa dedicada al sector de servicios de sanidad ambiental y control de plagas, con sede en la península, realizaba su actividad en las islas de forma irregular careciendo de instalaciones y almacenando sus productos en lugares no autorizados.
Con esta información, los agentes llevaron a cabo una serie de pesquisas e indagaciones pertinentes localizando el lugar de depósito e inspeccionando, junto al Técnico Inspector del Área de Salud Pública de Gran Canaria del Gobierno regional, el trastero utilizado como almacén, donde observaron un volumen considerable de productos químicos con pictogramas de peligro entre los que se encontraron desinfectantes, protectores para maderas, insecticidas y rodenticidas.
Asimismo se constató que el lugar de almacenamiento no tenía las características específicas para almacenar los productos biocidas, el espacio era insuficiente para la variedad y cantidad almacenada, no se separaban adecuadamente entre tipos y los envases estaban deteriorados, por lo que se procedió a precintar el trastero como medida cautelar.
La Guardia Civil también solicitó los informes a la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias y al Servicio de Actividades Clasificadas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que determinaron que dicha empresa no se encontraba inscrita en el Registro Oficial de Establecimiento y Servicio Biocidas de Canarias, siendo este un requisito preceptivo y previo a realizar la actividad, ya que el lugar de almacenamiento no cumplía con los requisitos establecidos en la Orden 27 de junio de 2012 por lo que algunos de los productos están sujetos a control de movimientos a través del Libro Oficial de Movimientos Biocidas (LOMB) y el personal aplicador como el responsable técnico debía acreditar que posee la capacitación necesaria.
Además la actividad clasificada se consideraba de carácter comercial, ya que se realizaba en un trastero en el que era inviable la legalización como almacén comercial, a lo que se sumaba que era incompatible las condiciones de almacenamiento de productos biocidas, según establece el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por lo que se realizaron las diligencias correspondientes, que fueron puestas a disposición del juzgado de guardia de Las Palmas de Gran Canaria.
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