MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
Save the Children advirtió este miércoles de que el aumento de la edad de consentimiento para el tratamiento de datos a 16 años contenido en la proposición de ley para la protección de los menores de edad en el ámbito digital ha de “evaluarse con cautela” con el objetivo de “no limitar la autonomía de los adolescentes ni dificultar su acceso a la información y sus oportunidades en línea”.
Lo hizo en un comunicado en el que recogió unas declaraciones de su directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia, Catalina Perazzo, quien consideró “crucial tener sistemas efectivos de verificación de la edad que protejan a la infancia y adolescencia frente a contenidos nocivos, pero siempre que esto no colisione con derechos como el acceso a información y a la privacidad”.
Tras destacar las bondades que observa en la norma, la organización dejó claro que “aún quedan retos pendientes”, entre los que citó “hacer efectivos los mecanismos que permitan que niños, niñas y adolescentes puedan tener una voz más activa y se tenga en cuenta a la hora de hacer legislaciones que les afectan directamente”.
A su vez, Save the Children puso de manifiesto que “los controles parentales no pueden reemplazar la responsabilidad de acompañamiento parental, ni se debe delegar esta tarea exclusivamente en la tecnología” y deslizó que “cuando se opte por su uso, las medidas educativas, el diálogo y el acompañamiento deben estar presentes”.
En lo referente a la retirada de contenidos inapropiados, la organización señaló la importancia de asegurar que “se clasifiquen correctamente y no afecten al derecho de los jóvenes de estar informados”.
También celebró que se exija a las plataformas y los ‘influencers’ a incluir un enlace visible a la autoridad de supervisión en sus sitios web para mejorar la efectividad de los canales de denuncia y reforzar la supervisión del contenido digital, y que se incluya el fomento de la educación afectivo-sexual en la estrategia nacional sobre la protección de la infancia y la adolescencia.
Respecto a la regulación del uso de dispositivos, llamó a “asegurar que su uso no afecte negativamente al aprendizaje y que se empleen de manera progresiva, siempre bajo la supervisión de personal docente capacitado”.
Por último, reseñó que la efectividad de esta norma pasa por “involucrar a todos los niveles administrativos”, “desarrollar una estrategia nacional efectiva” y por una dotación presupuestaria adecuada.
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