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Sánchez no espera rebajas de penas para corruptos tras la reforma de la malversación

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Afirma que a los españoles ya no le preocupa la corrupción desde que él gobierna

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado este martes, ante la posible rebaja de penas a condenados por malversación, que la reforma de ese delito incluye una disposición transitoria que “garantiza que se mantengan las penas para los casos de desvío irregular presupuestario” y “sin revisión a la baja de condenas”.

Así ha respondido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros tras ser preguntado si temía una serie de rebajas y excarcelaciones de condenados por corrupción por la modificación del delito de malversación que se aprobó finalmente la semana pasada en el Senado.

Sánchez ha indicado que esa disposición transitoria se ha incluido en la reforma del Código Penal –que incluye la derogación de la sedición–y ha añadido que además “fue objeto debate (…) en la ley del ‘sólo sí es sí'”.

Al hilo, ha recordado que antes de la moción de censura a Mariano Rajoy, una de las tres principales preocupaciones de los españoles, según recogía el CIS, era la corrupción, y que las portadas de los medios hablaban de la operación ‘Kitchen’ o de ‘Gürtel’, “vinculadas al PP”. Mientras que ahora, ha añadido, la corrupción ocupa el puesto número 18 de las principales preocupaciones del ciudadano.

Así, Sánchez ha defendido que este dato no es casualidad y se debe al compromiso de regeneración democrática del Gobierno de coalición progresista que preside.

“A LA VANGUARDIA”

Además, el presidente del Gobierno ha señalado que la modificación del delito de malversación, que comporta rebajas de penas, va en la línea de homologar el Código Penal a los estándares de otras democracias europeas. Y ha advertido que “no se destipifica ni se despenaliza” el delito sino que se “homologa”.

“Homologamos delitos con democracias europeas, no se despenaliza”, ha insistido en una tercera pregunta sobre el asunto, para luego incidir en que de hecho España se sitúa “a la vanguardia” porque se tipifica un delito nuevo “que es el enriquecimiento injustificado de responsables políticos”.


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