MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La asociación Salud por Derecho ha instado a España a adoptar “cuanto antes” la nueva Directiva Europea de Calidad de Aire aprobada por la Unión Europea, de forma que pueda hacer frente a las 25.000 muertes prematuras anuales y los “enormes costes sanitarios y laborales” que provocan la contaminación del aire.
“España tiene dos años para transponer la directiva y debe hacerlo sin demoras ni excusas. Cumplir con los nuevos límites para 2030 es una necesidad urgente. Para lograrlo, es clave que todas las administraciones (locales, regionales y nacionales) implementen planes de calidad del aire ambiciosos”, ha señalado la organización en un comunicado.
Hasta 33 millones de españoles respiraron en 2023 aire contaminado por encima de los nuevos límites legales aprobados el pasado 26 de abril en el Parlamento Europeo, según Ecologistas en Acción, razón por la que Salud por Derecho ha insistido en la necesidad de reducir las emisiones contaminantes en todos los sectores.
La organización ha pedido a los gobiernos municipales a desarrollar un plan de apoyo específico para los grupos más vulnerables en zonas de bajos recursos, garantizando su participación en la toma de decisiones, e incluyendo las áreas más afectadas.
Asimismo, ha considerado necesario reforzar la colaboración administrativa entre los departamentos de Sanidad, Servicios Sociales y Bienestar, Planificación Urbana, Movilidad, Vivienda y Energía de las administraciones locales y regionales.
A nivel nacional, regional y local, Salud por Derecho ha aconsejado “aprovechar al máximo” los fondos de ayuda de la Comisión Europea y asignar recursos económicos e incentivos fiscales para la aplicación de políticas de aire limpio adaptadas a cada situación.
Una medida de vital importancia es la implementación de Zonas de Bajas Emisiones en todas las ciudades con alta contaminación, así como promover la movilidad activa a través del uso de bicicletas y de realizar caminatas, con especial protección en entornos escolares y sanitarios, todo ello para reducir el tráfico monitorizado.
Salud por Derecho ha recordado que Canarias y la Comunidad de Madrid son las regiones con los niveles más altos de contaminación en España en 2023, y que el tráfico motorizado sigue siendo la principal fuente de contaminación en las ciudades españolas, donde la mayoría de la población se concentra, razón por la que ha insistido en la necesidad de estas zonas de bajas emisiones, que en la actualidad solo se han implementado en una veintena de ciudades.
Además, ha denunciado que los Planes de Mejora de la Calidad del Aire, “obligatorios por ley”, están “ausentes” en varias comunidades autónomas, lo que ha llevado a sentencias judiciales que obligan a los gobiernos a actuar.
Del mismo modo, se debe priorizar y fomentar la movilidad sostenible con sistemas de transporte público sólidos, accesibles, eficientes y con precios equitativos, modernizando las flotas con vehículos eléctricos y mejorar las infraestructuras, especialmente en los barrios con bajos recursos socioeconómicos.
Para lograr la reducción de las emisiones en los hogares se deben implementar incentivos para sustituir sistemas de calefacción y cocina contaminantes por opciones sostenibles, fomentando el uso de energías renovables en detrimento de los combustibles fósiles.
Además, es “clave” ampliar las ayudas para combatir la pobreza energética mediante mejoras en aislamiento térmico y eficiencia energética.
La reducción de las emisiones en el sector agrícola y ganadero debe ir acompañada de restricciones más estrictas a las macro granjas y a la quema de residuos agrícolas; y también se debe llevar a cabo una “regulación más estricta” sobre las emisiones de los barcos, especialmente en puertos, y del transporte aéreo.
La asociación ha reclamado al Ministerio de Transición Ecológica asegurar la creación de repositorios públicos con datos sobre calidad del aire, planes de acción del Gobierno y las Comunidades Autónomas, así como informes sobre el cumplimiento de los límites.
También ha considerado necesario incorporar la creación de órganos de supervisión que garanticen el cumplimiento de los nuevos límites, y que cuenten con participación de la sociedad civil; otra medida recomendada es la facilitación del acceso a la justicia a ciudadanos y organizaciones en casos de incumplimiento.
Por último, ha recomendado fomentar programas de sensibilización a la ciudadanía (en escuelas, en centros comunitarios…) para fomentar hábitos sostenibles y exigir a los gobiernos mayor responsabilidad ambiental.
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