MADRID, 23 (SERVIMEDIA)
Salud por Derecho pidió al Ministerio de Sanidad más transparencia en la evaluación de los medicamentos y de otras tecnologías sanitarias y que propuso al proyecto del Real Decreto sobre la evaluación de tecnologías sanitarias durante su periodo de consulta pública.
Según informó Salud por Derecho este lunes, este decreto regula la evaluación de nuevos medicamentos, procedimientos médicos y otras tecnologías, analizando su eficacia, seguridad y coste-efectividad, una información que apoya la toma de decisiones sobre la incorporación de los mismos al Sistema Nacional de Salud.
Su importancia radica en que no solo influye en qué tratamientos estarán disponibles para la ciudadanía, sino también en cómo se fija su precio y cómo se gestiona la sostenibilidad del sistema de salud.
Una vez analizada la propuesta del Ministerio, Salud por Derecho pone el foco en tres cuestiones fundamentales que deberían ser consideradas para asegurar una normativa eficaz y transparente.
El texto elaborado por el Ministerio de Sanidad establece que “el desarrollador de una tecnología en evaluación está obligado a aportar los costes fidedignos de producción, investigación y desarrollo, así como de las fuentes de financiación de estos costes, públicas o privadas”.
Sin embargo, la organización considera este planteamiento insuficiente, al tratarse de un concepto demasiado amplio que deja margen a interpretaciones ambiguas que pueden limitar su utilidad.
INCENTIVOS FISCALES
Por esta razón, Salud por Derecho propone un desarrollo más exhaustivo del articulado donde las empresas farmacéuticas detallen, de manera clara y específica, los incentivos fiscales recibidos, las subvenciones públicas y cualquier otro tipo de apoyo financiero, ya sea directo o indirecto, de origen nacional o internacional.
Asimismo, resalta la importancia de incluir el papel de entidades filantrópicas, debido a su significativa contribución en la financiación de proyectos de I+D.
La organización también subraya la necesidad de desglosar los costes de cada fase del desarrollo, desde la investigación básica hasta las etapas preclínicas, clínicas y los estudios posteriores a la comercialización. Este desglose ayudaría identificar en qué fases el sector público ha sido determinante, ya que suele jugar un papel clave en las fases más arriesgadas, lo que pone de manifiesto la contribución de los fondos públicos en el desarrollo de estos productos.
PERIODOS DE EXCLUSIVIDAD
Además, demanda que en los informes de evaluación se incorpore información sobre la duración de los periodos de exclusividad de mercado (como patentes o protección de datos), ya que estos también influyen directamente en sus precios.
Muchas de estas peticiones ya están contempladas en el borrador de la reforma de la legislación farmacéutica europea aprobado por el Parlamento Europeo, mientras que otras van un paso más allá, buscando reafirmar el compromiso de España con la transparencia en este sector.
Asimismo, Salud por Derecho reclama que los informes de evaluación estén directamente vinculados a los procesos de fijación de precios y reembolsos. La propuesta de la organización busca asegurar que estos informes no solo ofrezcan una valoración técnica sobre el valor añadido de las tecnologías, sino que también incluyan recomendaciones claras que orienten la toma de decisiones relacionadas con la fijación de precios y la cobertura del Sistema Nacional de Salud.
Esto garantizaría una coherencia entre la evaluación y las decisiones económicas, evitando que las evaluaciones queden aisladas y sin impacto en la política sanitaria.
Salud por Derecho también destaca la importancia de que la sociedad civil, a través de organizaciones sin ánimo de lucro, participe en la evaluación de las tecnologías sanitarias, ya que defienden los derechos humanos y a poblaciones poco representadas. Esta participación es clave para asegurar una gobernanza justa y transparente, conforme al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
- Te recomendamos -
