MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado este miércoles que “no vale jugar a la deslealtad o jugar a la hipocresía” tras ser cuestionada sobre las cifras que han aportado las comunidades autónomas de menores migrantes no acompañados que atienden.
“No vale más jugar a la deslealtad o jugar a la hipocresía, o intentar, como practica el Partido Popular, intentar hacer daño al gobierno de España, con una oposición destructiva, cuando lo que hacen es dañar, en este caso, los intereses de los menores no acompañados”, ha asegurado la ministra en declaraciones a medios en la inauguración del pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), que ha tenido lugar en la Galería de las Colecciones Reales, en Madrid.
Así lo ha puesto de manifiesto respecto a las cifras aportadas por las autonomías sobre los menores migrantes no acompañados que acogen en la actualidad. Las comunidades autónomas tenían hasta este lunes 31 de marzo para aportar los datos de menores migrantes que atienden. Aragón ha sido la única que no ha comunicado al Ministerio de Juventud e Infancia sus datos y otras, como Madrid, ha aportado cifras “de manera general”, según explicó este martes la ministra Sira Rego.
Igualmente, ha apelado a la responsabilidad de las comunidades y a que “la solidaridad no sea una palabra hueca”, en referencia a la Comunidad de Madrid y Aragón. “Que viendo actitudes de algunas de las comunidades autónomas, si es que están, desde luego, quien no aporta datos, o quienes, si es que así es y así se comprueba, estén dando datos que no responden a la realidad, eso desde luego demuestra que la solidaridad para estos líderes autonómicos, en este caso del Partido Popular, es una palabra hueca”, ha afirmado.
Asimismo, ha incidido en la importancia de la lealtad institucional y de la transparencia a la hora de compartir datos. “Qué importante es la lealtad institucional en un tema tan sensible, estamos hablando de menores, de niños y niñas, donde no cabe deslealtad institucional, no cabe manipulación alguna, así que apelo a la responsabilidad de las comunidades autónomas a que ese intercambio de información de cómo se encuentran sus sistemas de atención, de asistencia, sean fidedignos a la realidad”, ha agregado.
De hecho, Saiz ha dicho que las comunidades autónomas han atendido a más de 40.000 menores ucranianos, algunos de ellos, no acompañados. “Y ninguna comunidad ha dicho ni mu, no ha abierto titulares y no ha habido, como lo estamos viendo, baile de cifras en los datos”, ha reprochado a las comunidades.
En cuanto al auto del Tribunal Supremo sobre menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo, Saiz ha indicado que el Gobierno se encuentra analizando jurídicamente de cara al cumplimiento del mismo. Si bien, ha insistido en que el sistema de protección internacional está preparado para adultos. “Evidentemente, el interés superior del menor es el faro que tiene que alumbrar cualquier política, cualquier sistema, cualquier recurso que acoja a estos menores con protocolos bien diferenciados”, ha subrayado.
El pleno del Consejo se celebra en la sede del Instituto Cervantes este 2 y 3 de abril. El Consejo General funciona en pleno y en comisiones, y su regulación legal establece que celebrará, al menos, una sesión ordinaria plenaria cada año.
Por su parte, la presidenta del Consejo General, Violeta Alonso Peláez, ha dicho que la red consular “preocupa” de forma “masiva” a los consejeros del exterior. En este sentido, ha añadido que esta no está dimensionada para el servicio que hay que dar y ha pedido que la red sea “moderna”, “actualizada” y que pueda dar servicio a personas vulnerables, acorde a la ciudadanía que se encuentra en el exterior.
El Consejo General de Ciudadanía en el Exterior, previsto en el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, es un órgano de carácter consultivo y asesor, adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones. Este tiene como principal objetivo “garantizar la efectividad del derecho de los españoles y españolas residentes en el exterior a participar en los asuntos que les conciernen, así como promover la colaboración de las administraciones públicas en materia de atención a la ciudadanía española en el exterior y personas retornadas”.
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