MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, criticó este jueves que los consejeros de Hacienda de las comunidades que gobierna el PP abandonaran en conjunto la reunión sobre la condonación de parte de la deuda autonómica y denunció que “ha dejado de ser un partido de Estado para ser un partido tóxico para la ciudadanía” en los lugares en los que ostenta el poder.
Saiz se expresó en estos términos a preguntas de los medios en el marco de un foro sobre el futuro de las pensiones organizado por ’65YMÁS’ en Asturias, donde calificó de “ejercicio de deslealtad, de dejación de funciones y de no estar a la altura de la ciudadanía” la salida de la reunión por parte de los consejeros ‘populares’.
“Sé bien de lo que hablo. He sido consejera de Economía y Hacienda; estamos hablando de hacer primar intereses partidistas, intereses dictados desde Génova a los intereses de la ciudadanía”, aseveró Saiz.
En este punto, trazó el símil con el voto en contra al ‘decreto ómnibus’ por parte del PP, con lo que los diputados del PP “pusieron en riesgo la revalorización de las pensiones”, dañando a los españoles.
Además, comentó que este comportamiento negativo también se ve ahora, con la condonación de la deuda autonómica, una medida que supone “poder tener más fortaleza para salir a los mercados, mejorar los datos de solvencia, mejorar el rating, tener más recursos para destinarlos a la educación, a la ciudadanía”.
MUTUALISTAS
Por otra parte, la ministra se refirió al problema planteado por parte de los mutualistas, que piden una pasarela voluntaria para poder traspasar a al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social todo lo cotizado, a fin de poder acceder a pensiones “dignas”.
“Lo que puedo decir es que soy consciente de la situación. De hecho, ya está en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que tiene que tener su recorrido para dar solución a una cuestión sobrevenida”, declaró Saiz.
Al hilo, aprovechó para poner en valor la importancia del sistema público de pensiones, porque es el que “protege” y el que “da respuesta en situaciones como una incapacidad temporal o una jubilación”.
PENSIONES
Posteriormente, y ya en su intervención en el acto sobre pensiones, la ministra dijo que estas son “sostenibles” y subrayó que las últimas reformas del sistema se han encaminado a reforzar su sostenibilidad.
“La próxima jubilación de la generación del baby boom supone un importante reto, eso es innegable, pero es un dato que conocemos desde hace mucho. No es un imprevisto y llevamos tiempo abordándolo””, tranquilizó.
Asimismo, aseguró que, dando cumplimiento a las Recomendaciones del Pacto de Toledo, las cuatro reformas adoptadas desde 2021 (tres de ellas pactadas con CEOE y Cepyme y UGT y Comisiones Obreras) tienen por finalidad garantizar la sostenibilidad, reforzando los ingresos y ampliando las opciones para que los trabajadores en edad de jubilarse puedan prolongar su vida laboral.
“Hemos reforzado la flexibilidad en la jubilación”, valoró Saiz. “Gracias a los incentivos de demora, a día de hoy la edad real de jubilación supera los 65 años, lo que es un logro. Esto es gracias a que cada vez más personas retrasan voluntariamente su jubilación, porque les interesa y al sistema, también”, agregó.
Además, Saiz recordó que el Fondo de Reserva de las pensiones finalizó 2024 con 9.400 millones y al final de la legislatura, la previsión es que disponga de 31.000 millones: “La llamada hucha de las pensiones es una garantía más de sostenibilidad. Los pensionistas del presente y del futuro pueden estar tranquilos”.
En su intervención, Elma Saiz también puso en valor las últimas medidas adoptadas para dotar de flexibilidad al sistema de jubilaciones. “Nuestra filosofía está clara: si quieres seguir trabajando más allá de la edad legal de jubilación, tienes que poder y tenemos que ayudarte. Una sociedad como la nuestra, que busca la excelencia, no se puede permitir el lujo de prescindir del talento senior”, explicó.
Por otro lado, Saiz destacó que se está tramitando una norma, también producto del acuerdo con los agentes sociales, que pretende una revisión del procedimiento del reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación para aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad.
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