MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El presidente de Ruanda, Paul Kagame, ha prometido que si Reino Unido finalmente no logra sacar adelante un plan de deportación de migrantes, el país africano “devolverá el dinero” que ha recibido, que según el Gobierno británico asciende ya a 240 millones de libras (unos 280 millones de euros).
“Sólo se va a usar si vienen” los migrantes, ha explicado Kagame en declaraciones a la cadena BBC en los márgenes del Foro Económico Mundial que se celebra estos días en Davos (Suiza). Londres espera desembolsar otros 50 millones de libras más en el próximo ejercicio fiscal, pese a que a día de hoy no ha partido ni un sólo vuelo.
Kagame, que no ha aclarado cuánto dinero estaría dispuesto a devolver o cómo gestionaría este retorno, se ha desvinculado también de los líos internos en Reino Unido por la tramitación de este programa, tanto políticos como legales. “Es problema de Reino Unido, no es problema de Ruanda”, ha zanjado.
La iniciativa data de la época de Boris Johnson en Downing Street, pero no se ha puesto en marcha tras una paralización ‘in extremis’ ordenada en junio por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y un rechazo ya en firme del Supremo británico a mediados de noviembre. El Gobierno de Rishi Sunak ha tratado de solventar los recelos legales firmando un nuevo tratado con Ruanda, sobre el que cimenta una nueva ley que ahora quiere sacar adelante en el Parlamento.
Sin embargo, el nuevo proyecto ha agravado las grietas internas en el Partido Conservador y el martes dos altos cargos de la formación dimitieron para unirse a los ‘tories’ críticos, que ya suman alrededor de 60 nombres. El ala más conservadora cree que el texto no garantiza que las deportaciones se lleven a cabo, mientras que los moderados temen que un potencial endurecimiento de la ley termine implicando violaciones del Derecho Internacional.
Por su parte, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, entre ellas el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), han expresado su preocupación por la iniciativa y han instado a las autoridades británicas a dar marcha atrás y asumir sus propias obligaciones en materia de asilo.
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