MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha indicado que ya se han resuelto seis de los nueve incumplimientos en materia de depuración y saneamiento de aguas residuales por los que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea impuso una multa a España en junio de 2018 y confía que los tres que restan puedan solucionarse “en los próximos años”.
En respuesta a una pregunta en ese sentido formulada por el senador socialista Fernando Lastra, Ribera ha calificado de “capitales” las cuestiones de saneamiento y depuración en cualquier país y en particular en España donde el agua es “un recurso precioso”.
Así, ha recordado que en junio de 2018 al llegar al Ejecutivo, se encontró con una multa por ejecución de sentencia incumplida de casi 11 millones de euros cada seis meses relación con el incumplimiento en nueve aglomeraciones de más de 15.000 habitantes.
La vicepresidenta ha asegurado que el Ministerio trabajó “intensamente” a pesar de que las obras hidráulicas no son sencillas y ha precisado que “afortunadamente” seis de estos expedientes están “satisfactoriamente cerrados” y esas infraestructuras de depuración funcionando lo que ha permitido reducir la multa a España.
En cuanto a los tres expedientes que restan para lograr el cumplimiento íntegro de la sentencia, ha destacado que en 2018 no tenían “absolutamente nada escrito” pero Ribera confía en que “en los próximos años se puedan resolver”.
Sin embargo, ha admitido que lo que se ha hecho en depuración y saneamiento es “insuficiente” y ha recordado que el agua es una competencia de ayuntamientos, comunidades autónomas aunque en algunos casos se declaren de interés general del Estado o de interés autonómico.
En concreto, ha precisado que sigue habiendo 500 aglomeraciones que aún no cumplen con toda la normativa en materia de saneamiento y depuración, de las que 200 están en Andalucía.
Ribera ha usado esta cifra para criticar que el pasado 21 de septiembre la administración autonómica aprobó un decreto ley en el que se aprobaba la supresión del canon de mejorar de infraestructuras hidráulica de interés en la comunidad.
En ese sentido, ha acusado a la Junta de Andalucía de hacer “dejación de funciones” porque ese canon se usa para que los vecinos puedan vivir “con dignidad” y con aguas que lleguen “correctamente depuradas”. “Supongo que pedirá dinero para que con esta supresión del canon o bien con la supresión del impuesto de patrimonio, los demás asumamos el poder corregir esa desviación”, ha ironizado.
No obstante, ha defendido que el Gobierno ha marcado el saneamiento y depuración como una de las prioridades en el nuevo ciclo de planificación hidrológica y piensa que cumplir con las expectativas del cumplimiento de las obligaciones europeas es “fundamental”.
De ese modo, ha indicado que en el marco del Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR) y en el nuevo ciclo de planificación hidrológica se destinarán 7.000 millones de euros a estos fines de los que 2.800 millones serán aportados por el Estado para completar los “nuevos desafíos” en depuración.
Estos incluyen, según la ministra, la necesidad de invertir en las depuradoras más antiguas para hacer frente a otros desafíos en la depuración como la presencia de microplásticos o de antibióticos, cuyos niveles están “muy por encima” de lo permitido y que tendrán que ser revisados en la Unión Europea bajo la próxima Presidencia de España.
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