JUCIL insiste en reclamar también la intervención de Interior y Fiscalía ante un acto que busca el “escarnio” de las Fuerzas de Seguridad
MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
El Defensor del Pueblo de Navarra ha remitido a la oficina nacional del Defensor del Pueblo, liderada por Ángel Gabilondo, y a la Delegación del Gobierno en la comunidad foral la queja que le envió la asociación profesional JUCIL reclamando que se “evite la comisión de un delito de odio” en el ‘Ospa Eguna’ que este sábado volverá a pedir en Alsasua la expulsión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En un escrito en respuesta a JUCIL al que ha tenido acceso Europa Press, el Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, asegura que ha “estudiado detenidamente” la petición de los representantes de los guardias civiles, deduciendo que la queja en cuestión “no está sometida al ámbito de supervisión” de su oficina de acuerdo al artículo 1.3 de la Ley Foral 4/2000.
Por este motivo, Vera señala que ha trasladado la queja por el ‘Ospa Eguna’ (Día del adiós) de este 3 de septiembre al Defensor del Pueblo designado por las Cortes Generales, ya que este último “sí ostenta competencia para supervisar la actuación de la Administración del Estado, con el fin de que decida sobre el asunto”, según consta en el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.
Tras esta decisión, es la Oficina de Ángel Gabilondo, exministro socialista, quien se encargará de la queja y, en su caso, “informará sobre su admisión y tramitación”. Además, Vera se ofrece para responder a cualquier duda o como cauce para hacer llegar al Defensor del Pueblo documentación complementaria.
“A la vista de la naturaleza del asunto”, prosigue, “he creído pertinente poner en conocimiento de la Delegación del Gobierno en Navarra esta problemática, a fin de que pueda valorar también la adopción de medidas al respecto”.
A LA ESPERA DE INTERIOR Y LA FISCALÍA
El secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, ha agradecido la respuesta del Defensor del Pueblo de Navarra que, si bien no da satisfacción a su petición, al menos sí muestra interés en que la demanda sea atendida por la entidad que corresponda.
“Esperamos ahora a conocer cuál será la respuesta del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General del Estado, instituciones a las que también nos hemos dirigido para que se evite, un año más, el escarnio, el insulto y la humillación que los convocantes de este acto en Alsasua dirigen, sobre todo a los guardias civiles y a sus familias”, ha sostenido Vilariño.
JUCIL es uno de los colectivos que ha presionado a las instituciones públicas para prohibir el acto organizado cada año por el entorno de la izquierda abertzale. Para ello, pide que se apliquen los “medios administrativos y judiciales necesarios” al considerar que la convocatoria “persigue como única finalidad la humillación, el acoso y el ataque” hacia los guardias civiles y también las víctimas del terrorismo.
LA AGRESIÓN DE 2016
Cada verano es habitual que organizaciones policiales y colectivos de víctimas pidan la prohibición del ‘Ospa Eguna’ (Día del adiós) en Alsasua, el municipio en el que en la madrugada del 15 de octubre de 2016 se produjo la agresión a dos agentes del Instituto Armado y sus parejas cuando estaban dentro de un bar, motivo por el que fueron condenados ocho implicados a penas de prisión.
En el verano de 2019, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó la prohibición del ‘Ospa Eguna’ –que se organiza al menos desde 2010– por entender que reproduce el “objetivo táctico” de ETA consistente en expulsar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra y que, además, humilla a las víctimas del terrorismo.
Sin embargo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, dictó un auto en el que rechazaba la prohibición al considerar que no había antecedentes de delitos en celebraciones previas que justificaran tal restricción de derechos fundamentales.
El juez ordenó, no obstante, remitir oficio al Departamento de Interior del Gobierno de Navarra y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que controlaran el ‘Ospa Eguna’, a fin de evitar que pudieran producirse delitos de enaltecimiento, justificación del terrorismo, humillación de las víctimas u otros. Si ocurría esto, quería que se identificara a los autores y se pusiera en conocimiento del juzgado.
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