MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha celebrado que el Congreso haya aprobado este lunes en comisión el dictamen del nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que ha contado con el apoyo de todos los grupos menos el de Vox.
“Creo que hoy es un día muy importante para España, es un día grande para la democracia. En medio de tantas dificultades hemos sido capaces de estar a la altura de lo que nos piden los ciudadanos y las ciudadanas de este país”, ha asegurado la ministra en un vídeo difundido por el Ministerio de Igualdad.
En este sentido, ha aplaudido que los grupos parlamentarios, menos Vox, hayan alcanzado un consenso “necesario”. Asimismo, ha llamado a luchar contra las violencias machistas, con nuevas medidas, con más recursos. “Es un día para estar muy orgullosos. Es un día para hablar de política que resuelve los problemas de la gente, la política con mayúsculas”, ha subrayado Redondo.
La ministra ha apuntado que, aunque “habrá cosas que mejorar” y que desarrollar, “hoy es el día para la alegría, es el día para la esperanza y para decirle a muchas mujeres que están sufriendo violencia machista que tienen aliados, aliados muy potentes, que sus representantes están de su lado y vamos a trabajar conjuntamente para que esa violencia se erradique y vivamos en una sociedad y en una democracia libre de violencias machistas”.
Así, los grupos parlamentarios han aprobado la propuesta de informe para el nuevo dictamen. Este tiene 462 medidas entre las que destacan la violencia de género, la vicaria, la digital y la económica.
Entre las medidas aprobadas que aparecen en el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, los grupos piden promover, desde el Ministerio de Igualdad, en el marco de sus competencias, las medidas que tiendan a garantizar una “formación especializada, inicial y continua” en materia de violencia vicaria para todos los profesionales que tengan un contacto habitual con los niños y adolescentes víctimas.
También solicitan facilitar la denuncia en sede policial a los menores, “adaptando los servicios policiales a sus circunstancias, incluyendo los espacios físicos y las dependencias donde se recogen sus testimonios, las personas que les atienden y la metodología que se aplica para realizar el trámite testifical”. Así, demanda garantizar la especialización del personal que les atiende en este primer momento, con especial atención a los menores víctimas de violencia vicaria.
Igualmente, reclaman reconocer, regular y definir la violencia económica en el derecho como forma de violencia de género. Para ello piden que se entienda como “acción de limitar, suprimir o controlar, de manera injustificada e intencionada, el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia, de la pareja o propios, así como de reducir o anular su capacidad económica presente o futura para mantenerse a sí mismas, a sus hijas e hijos, o para continuar con sus hábitos anteriores”.
Por otro lado, apuestan por sancionar a quienes, sin autorización de la persona afectada y con ánimo de menoscabar su integridad moral, “difundan, exhiban o cedan su imagen corporal o audio de voz generada, modificada o recreada mediante sistemas automatizados, softwares, algoritmos, inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, de modo que parezca real, simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias (deep fakes)”.
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