MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana criticó este lunes las políticas del PP en materia de vivienda y más en concreto “la venta de vivienda pública a fondos buitre”, pero evitó señalar a Blackstone como tal sino como “fondo de inversión”, al que animó a “seguir construyendo” vivienda con unas condiciones “buenas” que aseguran “rentabilidad”, pero no un rendimiento que “no estaba justificado en ningún caso”.
Así lo indicó en una entrevista concedida a Onda Cero recogida por Servimedia en la que la titular de Vivienda celebró el acuerdo alcanzado por el Gobierno con ERC y EH Bildu para desbloquear la Ley de Vivienda después de 13 meses de negociaciones parlamentarias, así como el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de poner a disposición en alquiler asequible 50.000 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).
Sánchez subrayó que el Gobierno ha ido ampliando el objetivo de 20.000 viviendas que marcó su predecesor en el cargo, José Luis Ábalos, a los pocos meses de llegar al Gobierno hasta las 100.000 viviendas que pretende poner en alquiler asequible a disposición de comunidades autónomas y ayuntamientos.
La ministra de Transportes reconoció que de las 50.000 viviendas anunciadas este domingo por el presidente del Gobierno, 14.000 ya están “habitadas”, otras 21.000 viviendas están en “diferente grado de desarrollo” y se van a disponer a disposición de comunidades y ayuntamientos, y otras 15.000 que se construirán en suelos de la entidad.
Preguntada por cuánto había avanzado el parque de vivienda pública desde su llegada al Gobierno, evitó dar una cifra concreta y señaló que partían de una situación “ínfima” debido a las políticas de liberalización de suelo del PP. Ahora, la ley prohíbe la venta de vivienda pública y pretende llegar “en un plazo aproximado de 20 años” al 20% sobre el total del parque de viviendas.
Sobre el tope a la subida del alquiler acordado para la Ley de Vivienda, señaló que después de poner “muchas propuestas encima de la mesa” su ministerio ha sido “partidario” de fijar un índice que respondiese “más concretamente a las variaciones del mercado inmobiliario”. Los alquileres solo podrán subir un 2% en 2023, un 3% en 2024 y, a partir de esa fecha, entrará en vigor el nuevo índice por desarrollar, que será inferior al IPC, según detallaron los socios de Gobierno el pasado viernes.
La ministra subrayó el trabajo “ingente” que han realizado para llegar a un acuerdo del que se sienten “muy satisfechos”.
Preguntada por la posición del exalcalde socialista de Barcelona, Joan Clos, en contra de las limitaciones del alquiler, apuntó que ha sido una un texto trabajado “desde el rigor”, con unas condiciones “establecidas y tasadas” para declarar zona tensionada o para ser considerado gran tenedor, así como con incentivos fiscales para que el pequeño propietario ponga sus viviendas en alquiler.
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