MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, señaló este lunes que la Ley de Vivienda acordada por el Gobierno con ERC y EH Bildu, cuyo acuerdo final fue desvelado el pasado viernes, se aprobará “con carácter inminente” para culminar una política de vivienda del Ejecutivo que previamente “no existía”.
Así lo hizo en el ‘Foro de Infraestructuras: Los desafíos del sector de la construcción’ organizado por ‘El Economista’, en el que la ministra inauguró una jornada con un discurso en el que repasó la actuación del Ejecutivo en los ámbitos de infraestructuras, transporte y vivienda.
La ministra Sánchez señaló este lunes que ha hecho un “enorme esfuerzo” en materia de infraestructuras y hay que ser “conscientes” de que “no se puede mantener esa carrera indefinidamente”.
Así, dijo que “lo que toca ahora” es “rentabilizar la inversión efectuada” y poner el énfasis en la “seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad”. “No hablo de dejar de invertir, sino de hacerlo con cabeza, de no improvisar desembolsos multimillonarios que condicionen a las generaciones futuras”.
En concreto, criticó la construcción de “aeropuertos sin avión”, la planificación de radiales “disparatadas”, cuyas facturas “estamos pagando hoy en día” o “completar porque sí los huecos de los mapas”. Sánchez reclamó una nueva política de infraestructuras marcada por el hecho de vivir en una “emergencia climática” cuyas consecuencias están siendo “devastadoras para nuestro bienestar”.
No obstante, en su reflexión también invitó a las empresas de construcción a que se pronuncien sobre si “fue bueno para el país reducir la inversión pública” del país a “niveles testimoniales”, tal y como “decidió” el Gobierno presidido por Mariano Rajoy para dar “respuesta” a la crisis del año 2008, frente a la inversión del actual Ejecutivo.
Sánchez presumió de que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha dejado “en ningún momento” de atender a “los más vulnerables” en materia de infraestructuras, pues en el año 2020 cerró con una ejecución de obra superior a la de 2019 y que esta se ha ido superando en los años venideros pese a la pandemia y la guerra de Ucrania. “La diferencia entre lo que se hace hoy y lo que se hacía antes es palpable”, dijo.
La ministra subrayó que las infraestructuras “no son un fin en sí mismas” sino un instrumento “para corregir desigualdades”, algo que requiere poner el foco “sobre las personas”. “El verdadero agravio no es territorial, las agraviadas son las personas que no cuentan con oportunidades semejantes para poner en marcha sus proyectos vitales”, indicó.
Para Sánchez, esto no se consigue con infraestructuras “idénticas” y la función de su ministerio no es “actuar como un rey mago” que concede “autovías y aeropuertos” a los territorios que “se han portado bien”, sino asegurar derechos como el de la movilidad o el de la vivienda.
INVERSIONES
La ministra repasó algunas de las actuaciones del Ejecutivo y, en materia de transportes, subrayó el impulso del ferrocarril, al que han destinado una “parte significativa” del Plan de Recuperación.
Sánchez destacó que es necesario “perseverar” en la liberalización de las infraestructuras que es la “única manera de rentabilizar las inversiones” y reiteró el objetivo de duplicar la cuota modal del transporte a través del tren hacia el año 2030 hasta el 12% y el 10% en pasajeros y mercancías respectivamente.
En materia de obra pública, destacó el sistema de revisión de precios que estuvo vigente durante un año tras el estallido de la guerra de Ucrania, pero apuntó que la situación “ha cambiado” con unas previsiones de “moderación de precios” y unos pliegos de los contratos públicos que incluyen precios actualizados.
Sánchez subrayó la intención de someter estos concursos a una “revisión permanente” pero no anunció ningún cambio definitivo en la ley de contratos públicos, tal y como espera el sector de la construcción.
Además, sobre la rehabilitación residencial señaló que el objetivo es multiplicar por 10 las actuaciones con el objetivo final de acometer más de medio millón en un total de 355.000 viviendas, lo que implicará una reducción de consumo de energía primaria no renovable del 40%.
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