Fiscalía rebaja en 336.143,34 euros la demanda contra los excargos del Govern en la que reclamaba 3,4 millones
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont comparecerá como testigo ante el Tribunal de Cuentas en el juicio por el procedimiento que se sigue contra una treintena de excargos del Govern –incluido él mismo– por el supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior enmarcada en el ‘procés’. No se ha especificado la forma en la que declarará.
Así lo ha acordado la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez Salguero, en la audiencia previa en la que ha rechazado suspender el procedimiento contra Puigdemont tras desestimar el argumento de que goza de inmunidad como eurodiputado.
La consejera ha acordado la testifical de Puigdemont, aunque no a petición de la defensa del dirigente –a cargo de Gonzalo Boye–, que ha propuesto su declaración como prueba de cara al juicio, sino a petición de otra de las partes.
Por su parte, ha rechazado la solicitud de que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro comparezca en el juicio. El abogado de Puigdemont ha pedido su citación toda vez que “certificó la corrección de las cuentas públicas”. La consejera ha dicho que “no es pertinente ni necesaria”.
RECHAZA SUSPENDER POR LA INMUNIDAD DE PUIGDEMONT
En el marco de la vista de este viernes, la consejera ha desestimado el argumento de la defensa de Puigdemont de que el procedimiento debe suspenderse por su inmunidad como eurodiputado. “No estamos en un procedimiento sancionador, no estamos planteando ninguna imposibilidad de movilidad ni ningún tipo de sanción en la que se mueve la inmunidad parlamentaria, sino simplemente una restitución, en caso de advertir que haya un menoscabo en los fondos público. Nada más y nada menos”, ha señalado.
El abogado del expresidente catalán ha defendido al inicio de la audiencia que “la continuación del procedimiento sin el suplicatorio es una vulneración de la inmunidad y eso genera una nulidad respecto a este procedimiento”.
En este sentido, Boye ha incidido en que lo mismo aplicaría para los exconseller Toni Comín y Clara Ponsatí. “No se debería continuar con este procedimiento al menos a lo que respecta a ellos tres”, ha señalado.
En su turno de palabra, la Fiscalía ha incidido en que defender dicha inviolabilidad “resultaría contrario al propio derecho de la Unión Europea, que establece que la inmunidad no es un privilegio personal del diputado sino una garantía de independencia del Parlamento en su conjunto”.
El letrado, que ha mostrado su oposición a la decisión de la delegado, ha presentado recurso. “El único órgano con capacidad suficiente para determinar la inmunidad de mis defendidos es el Parlamento Europeo”, ha dicho Boye. La consejera ha mantenido su postura y ha desestimado el recurso.
FISCALÍA REBAJA EN 336.143,34 EUROS SU DEMANDA
En el marco de la audiencia, la Fiscalía ha rebajado en 336.143,34 euros la demanda contra una treintena de excargos de la Generalitat de Cataluña –incluidos el expresidente catalán Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras– en la que reclamaba 3,4 millones de euros en de forma conjunta y solidaria concepto de responsabilidad contable por el presunto desvío de fondos para los gastos del 1-O y la acción exterior del ‘procés’.
La rebaja de 336.143,34 euros responde a que el Ministerio Público ha desistido de reclamar el importe correspondiente a una presunta irregularidad en la campaña ‘Civisme’. Sociedad Civil Catalana (SCC), que ejerce también la acusación en este procedimiento, se ha adherido al movimiento de la Fiscalía y también ha rebajado su demanda en dicho importe, por lo que quedaría en 5 millones de euros.
Tras dicho cambio, Jaume Mestre, quien fuera responsable de difusión de la Generalitat, se ha visto apartado del procedimiento toda vez que se ha declarado el sobreseimiento parcial para él porque solo se le atribuía la irregularidad relativa a la campaña de Civisme a la que han renunciado la Fiscalía y SCC.
En concreto, el Ministerio Público ha modificado la demanda que presentó el pasado abril contra 35 ex cargos del Govern, donde además pedía apartar a los ex consejeros Joaquim Forn y Josep Rull, así como a otras 14 personas, de la lista se posibles responsables contables, una petición a la que finalmente accedió el tribunal.
En su demanda, la Fiscalía rebajó las estimaciones del órgano fiscalizador sobre la cifra presuntamente desviada. En concreto, pasó de los 9,5 millones calculados por el Tribunal de Cuentas a 3,4 millones de euros: 2,2 millones relativos a los gastos de acción exterior y 1,2 millones vinculados al referéndum del 1 de octubre de 2017. Ahora, tras la rebaja anunciada este viernes, el importe reclamado quedaría en 3,1 millones.
Por su parte, SCC presentó demanda contra 11 ex altos cargos del Govern, entre los que se incluyen Junqueras, Puigdemont y el también ex presidente catalán Artur Mas, por los gastos del 1-O y de la acción exterior de la Generalitat. En su caso, les reclamó 5,3 millones de euros en concepto de responsabilidad contable, cifra que ahora se ve disminuida tras reducir en 336.143,34 euros su demanda.
Cabe recordar que, inicialmente, el TCu fijó en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable relativa a la acción exterior de Cataluña a través de las denominadas ’embajadas catalanas’ y al Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, conocido como ‘Diplocat’, y cifró en 4,1 millones los gastos vinculados al 1-O. Al haberse fusionado ambas actuaciones en un solo procedimiento, el importe total alcanzaba los 9,5 millones.
LAS ALEGACIONES DE LAS DEFENSAS
En la audiencia previa de este viernes, las partes han planteado las “excepciones procesales” que han estimado oportunas. Las acusaciones han rebajado su demanda y las defensas han planteado una serie de cuestiones para pedir al tribunal que no siga adelante con el procedimiento. Han alegado, entre otros, la falta de jurisdicción del órgano fiscalizador, la nulidad de la causa en fases previas y la inmunidad de tres de los encausados que son eurodiputados.
Asimismo, han alegado la falta de legitimación de Sociedad Civil Catalana como demandante y la incompatibilidad de que el Tribunal de Cuentas siga un procedimiento cuando el Tribunal Supremo ya juzgó a varios de los encausados y cuando el propio Tribunal de Cuentas ya abordó la responsabilidad contable del 9-N.
Por su parte, la defensa del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras –a cargo del letrado Marc Marsal Ferret– ha mostrado su oposición a la demanda de SCC al considerar que ha hecho una “ampliación” de su escrito inicial. Así, ha incidido en que la acusación al principio reclamó la responsabilidad contable relativa al referéndum del 1 de octubre de 2017 y finalmente incluyó también la relativa a los gastos por la acción exterior de la Generalitat.
La delegada ha resuelto varias de estas cuestiones este mismo viernes. Ha asegurado que no aprecia que exista una ampliación indebida de la demanda de Sociedad Civil Catalana. “SCC lo que ha hecho es explicar el origen de los fondos”, ha señalado.
Además, ha desestimado el argumento de que el Tribunal de Cuentas carece de jurisdicción para llevar a cabo el procedimiento contra los encausados. Según ha dicho, la competencia del órgano fiscalizador “no puede ser discutida” porque se trata de un asunto de responsabilidad contable. La delegada ha avisado que algunas de las cuestiones planteadas las resolverá en un auto en los próximos cinco días.
Al cierre, la consejera se ha pronunciado sobre las peticiones de prueba de cara al juicio. Ha accedido preguntar a la Generalitat de Cataluña si se abonaron una serie de facturas para acreditar la “inexistencia de daño”.
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