MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
Los perros de caza quedarán fuera de la futura Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales gracias a varias enmiendas presentadas por varios grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, concretamente el PSOE, el PP, Vox, el PNV, Coalición Canaria y Teruel Existe.
De esta forma, el proyecto de ley impulsado por Unidas Podemos desde el Gobierno de coalición, actualmente en fase de tramitación parlamentaria, incluiría una nueva excepción en su ámbito de aplicación.
Sobre ese proyecto legislativo se ha abierto en las últimas semanas una polémica tras anunciar el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, la presentación de una enmienda que propone excluir a los perros de caza, entre otros. Ello ha desencadenado protestas de diversa índole por parte de grupos animalistas, entre ellas la advertencia de una huelga de recogida de perros abandonados que provengan de la actividad cinegética.
El proyecto de ley ha recibido 654 enmiendas parciales, según pudo saber Servimedia, repartidas entre PSOE (4), PP (124), Vox (107), Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (12), Esquerra Republicana (109), Junts (61), PDeCAT (12), Más País-Verdes-Equo (34), BNG (14), Ciudadanos (16), PNV (35), EH Bildu (41), CUP (51), Coalición Canaria (16), Teruel Existe (4) y las presentadas conjuntamente por el PSOE y Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (14).
PERROS DE CAZA
El PSOE propone dejar fuera de la ley a los perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza porque pretende que cuenten con una legislación propia. También quedarían excluidos los animales empleados en actividades deportivas reconocidas por el Consejo Superior de Deportes (CSD), las aves de cetrería, los perros pastores y de guarda del ganado, los perros de rescate, los animales de compañía empleados en intervenciones asistidas y los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas.
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, autor del proyecto de ley, pidió este jueves formalmente al Grupo Parlamentario Socialista que retire esa enmienda. En una comunicación dirigida al portavoz de los socialistas, Patxi López, califica de “incomprensible” la inclusión de la enmienda por suponer “la exclusión de los perros de caza del paraguas protector de la Ley solo por la actividad que realizan”.
“Os pedimos que consideréis firmemente la retirada de esta enmienda, que supone un detrimento en los derechos y el estándar de protección de los animales”, añade el escrito remitido desde el Ministerio que lidera la también secretaria general de Podemos, Ione Belarra.
Por su parte, el PP incluye en esas excepciones a los hurones de caza, los perros buscadores de trufa, los animales de reclamo y utilizados en colombicultura y colombofilia. Vox añade a los animales utilizados en espectáculos taurinos, los de producción y los de trabajo. Y PNV y Coalición Canaria suman a los empleados para la pesca.
CURSO OBLIGATORIO
Por otro lado, el PSOE, el PP y Vox han enmendado el proyecto de ley para que no se prohíba el tiro al pichón o tiro a tubo.
Otro de los aspectos más polémicos de la norma es que los futuros propietarios de perros hagan un curso de formación para su tenencia, salvo los que se empleen para cazar, pastorear o guardar el ganado. El PP, Vox, Ciudadanos y el PNV rechazan tal obligación.
El PSOE y Unidas Podemos han acordado presentar una enmienda para que las tiendas que vendan perros, gatos y hurones tengan un plazo de 12 meses antes de que esta actividad quede prohibida. Y que desde el 1 de enero de 2026 solo puedan criar y mantener cetáceos en cautividad los centros que tengan las instalaciones idóneas y cuenten con personal para su mantenimiento.
El PP no comparte que los perros de pastoreo o guarda del ganado estén localizados con sistemas de geolocalización, permanezcan en el núcleo familiar, que sus propietarios contraten un seguro de responsabilidad civil y que pasen revisiones veterinarias específicas cada año. Y rechazan que los peces estén identificados por un veterinario.
Los populares y los peneuvistas coinciden en que no debe obligarse a los ayuntamientos a contar con un servicio de recogida de animales y atención veterinaria de forma permanente, pues para muchos de ellos es una actividad inasumible. Igualmente, proponen rebajar las cuantías de las infracciones a la ley.
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