MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
La falta de personal sanitario en Atención Primaria (AP) sin profesionales asignados y la dificultad de acceder al centro de salud por vía telefónica, así como la escasez de recursos en salud mental de niños y adolescentes son las principales quejas de los ciudadanos al Defensor del Pueblo en materia de sanidad.
Así se recoge en el informe anual de la actividad de esta institución en 2024 y que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, registró este martes en las Cortes Generales y entregó a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Gabilondo también entrega el documento al presidente del Senado, Pedro Rollán.
En materia de sanidad, esta institución analizó la cobertura de vacantes del personal sanitario en AP. Sobre este asunto recibió quejas sobre el funcionamiento de los centros de salud y la atención sanitaria de forma rotatoria sin profesional asignado.
Además de pedir medidas que resuelvan esta situación, el Defensor del Pueblo solicitó a las administraciones que “especifiquen si está prevista la reasignación de profesional de referencia a los pacientes más vulnerables, y que esta se efectúe lo más rápidamente cuando se prevé una ausencia prolongada del profesional titular”.
De hecho, Navarra, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Castilla y León o Cantabria informaron de que incluyen criterios diferenciados para los pacientes más vulnerables. Por su parte, Galicia informó sobre un proyecto que contempla la reasignación inmediata de profesional (o cupo médico) para pacientes con vulnerabilidad.
LISTAS DE ESPERA Y SALUD MENTAL
Igualmente, los ciudadanos reclamaron a la institución por las dificultades para establecer contacto telefónico con los centros de Atención Primaria. En cuanto a las listas de espera quirúrgicas, en consultas externas y pruebas diagnósticas, el Defensor del Pueblo aseguró que las administraciones informaron de las medidas que adoptan para solventar o reducir estas incidencias con operaciones por las tardes y en fines de semana.
Otro de los asuntos destacados de este Informe Anual fue la salud mental de adolescentes y jóvenes. La institución recibe, cada vez más, quejas sobre la insuficiencia de recursos específicos de media estancia para la atención de menores y jóvenes adultos que padecen problemas de salud mental asociados a discapacidad intelectual o a adicciones.
Tal y como se indicó en el informe, “algunos pacientes, los de mayor gravedad, pasan en ocasiones largos períodos de tiempo en unidades psiquiátricas de hospitalización de agudos por falta de plazas en recursos específicos para el tratamiento. Hay limitación de acceso a los recursos específicos por motivos económicos y los tratamientos más complejos, con internamiento, requieren la cofinanciación por las familias”.
MAYOR PROFUNDIDAD
Para el Defensor del Pueblo, es prioritario que las administraciones sanitarias y sociales autonómicas competentes “examinen en profundidad las capacidades de que disponen los pacientes para así poder atender los problemas más graves de salud mental en la población infantojuvenil”.
Por lo tanto, el Defensor del Pueblo consideró imprescindible incrementar el número de profesionales y recursos terapéuticos especializados para que las familias, ante los primeros síntomas, puedan acudir con prontitud a un especialista sin esperas prolongadas citas, problema que se da en la actualidad.
Asimismo, la oferta asistencial debe ser suficiente para abordar los casos más complejos, así como la patología dual y los trastornos de la conducta alimentaria, diseñando y acordando, si es preciso, una red de recursos específicos de referencia autonómica o estatal para la atención a la salud mental infanto-juvenil multidisciplinar e intensiva.
Por otra parte, en 2024 concluyó la actuación de oficio sobre el cribado del cáncer de mama iniciada dos años atrás. Desde esta institución se formularon recomendaciones al Ministerio de Sanidad y a las consejerías competentes en materia de salud para que, entre otros asuntos, se culmine la elaboración de un protocolo de consenso nacional sobre su aplicación.
En este sentido, se pidió la ampliación de realizar estas de detección en mujeres entre 45 y 49 años, y entre 70 y 74 años, bajo criterio facultativo, en función de los antecedentes clínicos. Asimismo, que se garantice que los hombres y las mujeres trans, que se encuentren en el rango de edad objetivo, tengan la posibilidad de someterse a pruebas diagnósticas con la misma periodicidad que el resto de la población.
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