Visto para sentencia el juicio en el que la Fiscalía reclama que sea condenado a 8 años de cárcel
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El exconsejero madrileño Alfredo Prada ha utilizado su turno de última palabra en el juicio sobre presuntas irregularidades en Campus de la Justicia para defender que actuó “a las órdenes del Gobierno” regional de Esperanza Aguirre, en el que era vicepresidente segundo y titular de Justicia e Interior. Al mismo tiempo, ha reprochado al fiscal que calificara el proyecto de “parque temático”.
“Decir simplemente, señorías, que yo he actuado en todo momento como un vicepresidente, a las órdenes, obviamente, de los mandatos del Gobierno y siempre de buena fe”, ha manifestado Prada en la Audiencia Nacional, que este miércoles ha dejado visto para sentencia el juicio iniciado en marzo.
Prada se ha desligado de cualquier irregularidad y, tras indicar que actuó correctamente, ha añadido que lo hizo confiando en que las personas que le ponían “las cosas a firmar habían hecho los pasos necesarios, fundamentalmente los secretarios generales técnicos”.
“Ninguna de las personas que están aquí conmigo tenía esa responsabilidad. La responsabilidad era de un secretario general técnico o de dos”, ha señalado para librar de culpa a los otros cinco acusados.
Asimismo, el exconsejero ha expresado su “malestar” por el hecho de que la Fiscalía calificara de “parque temático” a Campus de la Justicia “para conseguir un titular de prensa inmediatamente, en vez de llamarlo simplemente lo que es, un proyecto”.
Prada ha indicado que esa opinión del fiscal lo que hace es “poner en cuestión la decisión de un gobierno legítimo y democráticamente elegido que decidió hacer un proyecto”, comenzado en 2005 y que se paró con el estallido de la crisis del 2008.
Y ha criticado que el representante del Ministerio Fiscal afirmara con “cierto carácter incisivo” que “ese parque temático era para el lucro no económico, pero sí político” suyo, antes de señalar que en ningún soporte publicitario aparecían ni su foto ni su nombre, sino “solo” el del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
FISCALÍA SOLICITA 8 AÑOS PARA PRADA
Campus de la Justicia fue una empresa pública creada en 2005 por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para desarrollar la construcción de un complejo de 14 edificios interconectados mediante túneles en el que se concentrarían las sedes judiciales regionales. Sin embargo, el proyecto no se acabó y quedó abandonado cuatro años después, pese a haberse gastado hasta entonces más de 300 millones de euros.
La Fiscalía reclama 8 años de cárcel para Prada, entonces vicepresidente segundo, consejero de Justicia e Interior y dirigente del proyecto, por delitos continuados de prevaricación y malversación.
Además, solicita 6 años de prisión para los otros cinco acusados, que formaron parte del equipo directivo: Isabelino Baños (director general técnico), Mariano José Sanz (subdirector general técnico), Alicio de las Heras (director financiero), Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad) y Félix José García de Castro (letrado asesor).
La Abogacía de la Comunidad de Madrid, que apunta a delitos continuados de prevaricación administrativa, fraude a las administraciones públicas y malversación cualificada de caudales públicos, plantea penas más altas: 13 años y 3 meses de cárcel para Prada, 11 años para los directivos y 2 años y 3 meses para García de Castro, al que desliga de haber cometido malversación.
LOS SEIS ACUSADOS PIDEN SER ABSUELTOS
Tras el informe final de la defensa de Prada, que en la anterior sesión señaló que no se benefició ni buscó el enriquecimiento de terceros, los abogados del resto de acusados han expuesto este miércoles sus informes, en los que han negado irregularidades y han pedido también al tribunal una sentencia absolutoria.
La Fiscalía, en su informe, acusó a Prada y su equipo de convertir Campus de la Justicia en un “parque temático” del “autobombo” al ser el proyecto estrella del primer Gobierno regional de Aguirre (PP), así como de hacer un “gasto descomunal” sin “ningún sentido” y de adjudicar contratos “a dedo”, como el del arquitecto británico Norman Foster para que diseñara varios edificios.
En los primeros compases del juicio declaró como testigo Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid cuando se impulsó el proyecto. La exdirigente del PP aseguró que “todo el mundo apoyaba” –incluido el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero– la idea de levantar un Campus de la Justicia en Madrid, al igual que habían hecho ciudades como Barcelona y Valencia.
Según el juez instructor, los acusados, bajo el liderazgo de Prada, “se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de Campus de la Justicia, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo”.
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