La UDEF traza la metodología seguida para el “desvío de fondos de cuentas hacia el mercado de cripto divisas”
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha confirmado a la Audiencia Nacional que los últimos propietarios de las plantas de producción de aluminio en Avilés y A Coruña vaciaron las cajas de los dos centros mediante la adquisición de criptomonedas.
Así se desprende de un informe del pasado 8 de marzo, recogido por Europa Press, en el que los agentes explican a la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, María Tardón, “la metodología” seguida por algunos de los investigados “de manera paralela a la despatrimonialización de Alu Ibérica”.
Esa dinámica, explican, tuvo “como elemento troncal el desvío de fondos de cuentas bancarias” de sendas plantas “hacia el mercado de cripto divisas”, confirmando de esta forma las sospechas que la UDEF ya puso de manifiesto en un anterior oficio.
Estos hechos han quedado confirmados, añaden, después de haberse extraído de los dispositivos del investigado Antonio Fernández Silva “una serie de operaciones sospechosas que una vez reconstruidas con las detectadas y expuestas en informes anteriores, vienen a constatar la sustracción de capitales y patrimonio de las plantas de producción de aluminio y su conversión a través de cripto activos”.
“El análisis de la información contenida en los correos electrónicos de Antonio Fernández Silva, alias Toni, nos permite constatar, una vez más, que esta persona participa de manera activa en los hechos investigados, conformando junto con el resto de integrantes, una organización dedicada a la evasión de capitales de procedencia desconocida”, relata el informe.
SOCIEDADES PANTALLA
Los mismos, continúa, se valían “para ello de una estructura societaria creada como pantalla que permite mover ingentes cantidades de fondos sin que los mismos puedan ser atribuidos al circular el dinero por distintas cuentas bancarias, todas bajo el control de los investigados”.
La UDEF sostiene que con “el perfil informático que ostenta el investigado Antonio Fernández Silva se corrobora la hipótesis inicial de que su función en la organización delictiva investigada sea la ejecución de diferentes operaciones relacionadas con el mundo informático y vinculadas a las distintas mercantiles investigadas”.
En este contexto, los investigadores señalan que el propio Fernández Silva, coordinado con Francisco Javier Fernández de Bobadilla y con el presidente del Grupo Riesgo, Víctor Rubén Domenech, se encargaba de realizar “las transacciones de criptodivisas, adquiriendo y traspasando los BTC hasta el monedero de los clientes”.
Cabe recordar que la UDEF ya apuntó en un anterior informe a Fernández de Bobadilla Lázaro como el socio fundador y administrador único del despacho Ackermann y Schwartz Attorney Al Law SLP así como administrador de la sociedad Viña y Sentido.
CUENTAS PUENTE
Los datos contenidos en el oficio acreditan “fehacientemente”, a juicio de la UDEF, “que el dinero extraído de las cuentas bancarias de Alu Iberica AVL y Alu Iberica LC por parte de Víctor Rubén Domenech y su pareja Alexandra Camacho ha sido dirigido hacia la plataforma Kraken Payward utilizando para ello las cuentas puente titularidad” de diferentes sociedades, entre las que se incluyen las dos mencionadas anteriormente.
El análisis de las operativas arriba expuestas por la UDEF “muestra cómo el dinero procedente de las plantas de producción de aluminio circula por las cuentas puente de las diferentes sociedades del grupo para finalmente conseguir la compra de criptodivisas en la referida plataforma”.
“Antonio Fernández Silva, como integrante del grupo y siguiendo las indicaciones de Francisco Javier Fernández de Bobadilla es la persona que contacta con Kraken Payward en nombre de las diferentes sociedades del grupo investigado y realiza las transacciones del dinero de las plantas a criptodivisas”, concluyen los agentes.
Este informe de la UDEF se enmarca en la causa abierta desde 2020 y en la que la jueza investiga la existencia de diversas irregularidades en la venta de las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés por un presunto incumplimiento de los acuerdos alcanzados con la propietaria inicial y con los representantes de los trabajadores.
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