MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
Podemos ha exigido medidas “valientes” como eliminar la financiación pública a la Iglesia y derogar el concordato con la Santa Sede, tras el informe del Defensor del Pueblo que estima miles de víctimas de agresiones vinculadas a la institución religiosa.
Además, según exponen fuentes de la formación morada, reclaman que no pueda gestionar centros educativos, tanto concertados como privados, mediante entidades religiosas al entender que está inhabilitada para ello tras el dictamen del departamento que dirige Ángel Gabilondo. En consecuencia, insta a su integración en la red pública para la gestión directa por parte de la administración.
La formación morada ha considerado “inadmisible” la estimación de víctimas de abusos y agresiones sexuales y ha llamado a reaccionar con celeridad para acabar con su “impunidad”. De hecho, acusa a la Iglesia de amparar hechos de tal gravedad, “ocultándolos y entorpeciendo su investigación”, y sentencia que no puede ser merecedora de financiación pública y ostentar gestión educativa.
En línea con iniciativas anteriores, Podemos demanda terminar con el actual concordato con la Santa Sede, que implica a su juicio un “régimen de privilegios” que el Estado español ha garantizado mediante la firma de este antiguo acuerdo a una institución que “reiteradamente ha incurrido en dinámicas de encubrimiento de agresiones sexuales a menores de edad”.
Además, ha reiterado que El Estado “no puede destinar fondos a la institución en la que se ha gestado la mayor trama pedófila conocida hasta la fecha”. “Es necesario cortar toda fuente de financiación pública a la Iglesia, incluidas exenciones y beneficios fiscales”, ha proclamado.
Finalmente, ha desgranado que Podemos ” hace suyas reclamaciones de las víctimas”, como la no prescripción de los delitos de agresión sexual que se hayan producido en el seno de la Iglesia, y que la financiación del fondo de compensación a las víctimas provenga “completamente de recursos de la propia institución, y no de dinero público”.
“La violencia sexual contra la infancia ha sido una constante en la Iglesia católica, que ha silenciado a víctimas y protegido a agresores. Sólo con medidas contundentes se podrá poner fin a la mayor red de pedofilia conocida hasta la fecha, que podría afectar a una de cada 100 personas en nuestro país según los datos conocidos en el día de hoy”, ha lanzado el partido morado.
Previamente, La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en funciones, Ione Belarra, ha pedido este viernes “activar medidas valientes que acaben con la impunidad” por las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia. Lo ha hecho después de conocer el ‘Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos’ del Defensor del Pueblo.
Según la encuesta que recoge el informe, un 0,6% de la población española mayor de 18 años (unas 236.000 personas) ha sufrido abusos sexuales en la Iglesia por parte de algún sacerdote o religioso.
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