MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
Plena Inclusión España pidió este viernes que el anteproyecto para reformar la Ley General de Discapacidad y la de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que el Gobierno prevé aprobar en el próximo Consejo de Ministros permita “superar las restricciones impuestas a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias” en el modelo actual.
Según la presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica, “nos encontramos ante una oportunidad histórica para abordar una transformación profunda del sistema de atención a la dependencia, que permita garantizar los derechos y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias”.
Por ello, demandó que la reforma persiga reducir las listas de espera, especialmente en servicios comunitarios de vivienda; actualizar las carteras de servicios, que a su juicio son “obsoletas y rígidas” y “no responden a las necesidades reales de las personas”, y fomentar nuevos roles profesionales, como el asistente personal o el conector comunitario, para facilitar la vida en comunidad.
Además, Plena inclusión pidió eliminar el copago “confiscatorio” que en la actualidad se exige para acceder a muchas prestaciones y servicios del sistema de dependencia; garantizar la libertad de elección de los apoyos que cada persona necesita, “con un sistema más flexible”, y prohibir los cambios forzosos de recursos para las personas con discapacidad al cumplir los 65 años.
La confederación también exigió que la reforma legislativa se acompañe de presupuestos que aseguren la sostenibilidad de las entidades, “con más inversión en tecnología de apoyo y en la transformación de la red de servicios”. Por ello, reclamó un aumento de los presupuestos, tanto estatales como autonómicos, y llamó a reactivar el plan de choque de dependencia. Indicó que, según los últimos datos del Observatorio de la Discapacidad, el gasto por persona pasó de 8.145 euros en 2010 a 5.982 en 2024. Ello supone una reducción del 26,6%, señaló, “y todo ello pese al aumento del coste de la vida”.
Dirigida a adaptar las dos leyes a la modificación del artículo 49 de la Constitución, la reforma que planea el Gobierno se corresponde “con una demanda histórica” de las asociaciones del mundo de la discapacidad.
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